| 2021-06-10 | Heladio Castro
A trabajadores a bordo de embarcaciones extranjeras les impiden la libertad sindical y los coaccionan al impedirles comer, alertó Antonio Rodríguez Fritz, secretario del Trabajo de la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios.
Recordó que en el marco de las nuevas consideraciones del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, el gobierno mexicano cambió en 2019 la Ley Federal del Trabajo para permitir que los trabajadores voten por su representación sindical.
Mencionó que en una empresa española de remolcadores que tiene diferentes subsidiarias en México, los trabajadores están siendo acosados por personas de nacionalidad española.
"Están violando sus derechos, no tienen ni siquiera derecho a la comida a bordo de la embarcación, tienen que subir con la comida que logran comprar antes de embarcarse porque el empleador se niega a darles comida y se niega a dejarlos bajar de la embarcación.
"Todo eso, aunado a la corrupción que aparentemente existe desde la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ha hecho que les impidan votar democráticamente por el sindicato que quieren que los represente", explicó Rodríguez Fritz.
Aclaró que sí hay un sindicato, pero 'charro' y por ello se generó una asociación internacional con un sindicato norteamericano para exigir la libertad y el respeto a la asociación sindical, para exigir el respeto a la libertad sindical en los países de la región bajo el Tratado de Libre Comercio; y para organizar a los trabajadores para que sepan defenderse.
Dijo que la empresa española tiene 33 a 34 embarcaciones en 10 puertos mexicanos, como Tampico, Altamira, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Manzanillo, Mazatlán, Guaymas, Ensenada y La Paz.
Resaltó que se maltrata entre 220 a 240 trabajadores a quienes se niega el alimento y deben procurarlo por sus propias vías.
"Antes de subir al barco compran lo que pueden, pues a bordo no hay tiendas. Entonces, si no pudieron subir algo y no los dejan salir", indicó Rodríguez Fritz.
Dijo que se presentó todo el procedimiento desde el año 2019, pero la Junta Federal canceló el expediente; entonces se ampararon y demostraron que los trabajadores tienen el derecho a votar.
Sin embargo, señaló que después de una audiencia la presidenta de la Junta no quiere dar respuesta.
Anunció que se hará una denuncia conforme al procedimiento del Tratado de Libre Comercio para denunciar que en México se viola la libertad sindical.