Veracruz - Boca del Río | 2024-09-16
La reforma al Poder Judicial que publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de septiembre, luego de ser aprobada en el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, no implica que la elección de jueces suceda de manera inmediata.
El especialista en derecho y presidente de Comunidades Seguras en el estado de Veracruz, Jeremía Zúñiga Mezano, explicó que los cambios se harán de manera gradual, ya que todavía se requiere la elaboración de las leyes secundarias que dará la reglamentación para la aplicación de la reforma judicial.
Del mismo modo, los congresos de los estados deberán de realizar las adecuaciones en sus leyes locales para armonizar la reforma en sus poderes judiciales, en el caso de Veracruz, hasta el momento no existe una iniciativa.
Por la transición, podría ser un tema que asuma la próxima legislatura y la próxima gobernadora Rocío Nahle, por lo que podría llegar hasta el próximo año, dependiendo de la agenda que asuma el siguiente gobierno.
El especialista afirmó que la reforma judicial tiene alcances positivos y –como cualquier modificación a la ley- puntos negativos que pueden generar incertidumbre; sin embargo, en el análisis de la iniciativa se observa la intención de contribuir con el combate a la inseguridad, la incidencia delictiva y el mejoramiento del sistema de justicia en el país.
El especialista detalló que los años claves que se han dado a conocer hasta ahora son el 2025 y el 2027; en el primero se establece que se llevará a cabo la elección de ministros y magistrados, para el segundo se haría la elección de jueces.
Sin embargo, al menos hasta el mes de junio del próximo año, el Poder Judicial de la Federación seguirá trabajando sin ningún tipo de cambio y las personas que ocupan un puesto de ministro, magistrados o jueces seguirán impartiendo justicia.
Jeremías Zúñiga detalló que el INE tendrá que definir la organización para la elección de magistrados y ministros en el 2025, con base en los artículos transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La del 2025 será una elección extraordinaria, pero las siguientes deberán ser concurrentes con las elecciones federales para cargos legislativos.
En ese sentido, rechazó que en la boleta electoral se planee incluir a cientos de candidatos, ya que también se deberán definir los filtros para las personas interesadas en ser candidatas, que, entre otras cosas, se ha hecho mención a la experiencia, la trayectoria y el nivel de profesionalización.
En el caso de los cargos de jueces, puntualizó que estos se tendrían que hacer similar a los cargos de legisladores, es decir, por distritos o circunscripciones.
En el caso de los estados, estos deberán armonizar la Ley local para que también se adecue su constitución a la reforma judicial.
Jeremías Zúñiga, quien también es catedrático en nivel de postgrado en materia de derecho, dijo que basado en las experiencias de otras leyes similares, como fue la implementación del Sistema Penal Acusatorio de Juicios Orales, esto podría ser gradual y concretarse en las 32 entidades federativas hasta el 2030.
El especialista considera que la discusión o elaboración de las leyes secundarias puede llevar todo el sexenio de Claudia Sheinbaum, mientras que la homologación en todos los estados podría quedar hasta el 2030, por lo que los alcances reales podrían observarse hasta el 2035.
Lo relevante, consideró, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador buscó que antes de terminar su gobierno, se sentaran las bases de la transformación del país, en donde el tema judicial era un pendiente.
El especialista dijo que es natural que exista incertidumbre en medio de una reforma tan importante para el país; sin embargo, se trata más de un temor al cambio que las implicaciones negativas en el tema.
Señaló que alrededor de 2.3 por ciento de la población en México es la que en algún momento ha recurrido al Poder Judicial, la mayoría de las veces por temas de carácter mercantil y civil, mientras que una proporción menor por temas penales.
En ese sentido, indicó que los empresarios son quienes tienen mayor interés, porque justamente las empresas son las que acuden a dirimir procesos y procedimientos ante el Poder Judicial Federal y en los estados.
Sin embargo, aclaró que el cambio se aplica en la conformación del Poder Judicial del Estado y no en las leyes de impartición de justicia, por lo que figuras como el amparo seguirán existiendo y el criterio de los impartidores de justicia deberá seguir siendo imparcial y expedito.
Del mismo modo, consideró que es muy probable que por los intereses que existen, en las leyes secundarias exista un apartado especial para atender temas relacionados con el tratado de libre comercio con Estados Unido y Canadá, que tocará a la próxima presidenta ratificar.
Finalmente, consideró legítimos los reclamos por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que se han manifestado en contra de la reforma judicial, debido a que se trata de un cambio profundo.
No obstante, aclaró que, hasta el momento, no existe ningún artículo que mencione el despido masivo de trabajadores, ya que los únicos cargos que serán renovados en voto popular son jueces, magistrados y ministros.
En lo que sí reconoció que se verán desplazados es en el caso de la desaparición del escalafón y la carrera judicial, que era lo que daba oportunidad para que los trabajadores pudieran acceder a puestos más altos.
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