Veracruz | 2020-02-20 | Heladio Castro
Al advertir un inminente triunfo legal de trabajadores despedidos de la Secretaría Estatal de Protección al Medio Ambiente, su apoderado legal Alonso Salud Carrillo Acosta sentenció que el gobernador tendrá que valorar si el titular de esa área, Sergio Rodríguez Cortés, debe seguir ahí, o despedirlo.
Recordó que en días pasados personal afiliado al Sindicato Único de Trabajadores de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, constituido desde agosto de 2018, negó haber abandonado su centro laboral y acusó que el funcionario los despidió el 4 de diciembre de ese año.
Precisó que integrar un sindicato no es ilegal ni una causa para el despido, porque lo permiten las leyes internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del Trabajo y la Ley Estatal de Veracruz.
En cambio, el despido injustificado sí amerita sanciones para la autoridad respectiva, que en este caso es el gobierno del estado de Veracruz a través de la referida Procuraduría, y en forma directa el funcionario Sergio Rodríguez Cortés.
Dijo que ganaron el amparo y esperan que los magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que encabeza Fernando Arturo Charleston Salinas acate la sentencia del juez de Distrito Decimoséptimo, pues no lo ha hecho hasta ahora.
Criticó lo que consideró manipulación para engañar a la autoridad pues según él, se hizo creer a la autoridad que sólo son 19 trabajadores sindicalizados o de base; y el resto, de confianza, a fin de que no alcanzaran el mínimo de 20 trabajadores que marca la ley.
“El amparo le dice al tribunal que no está motivada suficientemente su resolución porque no explica convincentemente cómo llega a la conclusión de que nada más 19 trabajadores eran de base y el resto, de confianza; y le ordena que deje sin efecto su resolución y emita otra, pero que atienda lo que existe en el expediente administrativo A-15/2018.
“Se ha negado sistemáticamente el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ya ha sido requerido 2 veces por el juez de distrito, y esperemos que cumpla con su obligación el tribunal de acatar lo que ya está resuelto favorablemente para los trabajadores”, explicó Carrillo Acosta.
Añadió que ningún juez de distrito permite que un funcionario viole su amparo.
Otro juicio laboral es el 3208/2019 radicado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y consideró muy probable que lo pierda Rodríguez Cortés, pues según el abogado, el titular de la PMA ordenó el despido de los trabajadores.
Resaltó que en caso de ganar el juicio los quejosos, el costo económico no lo asumirá el funcionario, sino el propio gobierno estatal.
“La responsabilidad política la toma el gobernador; el daño patrimonial lo ocasiona Sergio Rodríguez al iniciar una serie de medidas represivas contra los trabajadores. Hay que pagar salarios caídos, prestaciones dejadas de percibir por los trabajadores a partir del 4 de diciembre de 2018.
“La cuestión de salarios provoca daño patrimonial porque no existió causa justificada para separar a los trabajadores. El costo económico que va a pagar el gobierno del estado, porque no va a sal ir del dinero de Sergio Rodríguez, será algo que tomará en consideración el gobernador para saber si lo destituye”, sentenció Carrillo Acosta.