Boca de Río | 2023-09-21
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) presentó una segunda denuncia contra el municipio de Lerdo de Tejada por daño patrimonial en la Cuenta Pública 2017.
La dirección jurídica del Orfis presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción una denuncia contra quien o quienes resulten responsables del ayuntamiento de Lerdo de Tejada por el daño patrimonial de 175 mil pesos en el ejercicio 2017.
Esta es la segunda denuncia presentada contra el ayuntamiento de Lerdo de Tejada con Delia González Cobos al frente del Orfis. La primer denuncia fue presentada el 24 de mayo de 2022 por el daño patrimonial “no cuantificable” en la Cuenta Pública 2019, bajo la carpeta de investigación FGE/FECCEV/350/2022.
La segunda denuncia fue presentada la semana pasada por el pago irregular por el servicio de una auditoría financiera y técnica.
El pasado 7 de septiembre, la auditora del Orfis, Delia González Cobos, señaló que de las casi 200 denuncias presentadas de las cuentas públicas de 2017 al 2021, solo en 2 casos la Fiscalía Especializada ha ejecutado ordenes de aprehensión contra igual número de exalcaldes.
Las dos órdenes de aprehensión corresponden a los casos de los ayuntamientos de Lerdo de Tejada y Ángel R. Cabada, donde la Fiscalía Especializada giró orden de aprehensión y detuvo a dos exalcaldes.
Dijo que la ley no obliga a la Fiscalía a informarle sobre las órdenes de aprehensión giradas o la detención de exfuncionarios, sin embargo, colaboran con toda la información que les requieren para la integración de la carpeta de investigación.
“Tenemos casi 200 denuncias que hemos presentado en nuestra gestión y eso la verdad es que es un número significativo porque los diputados han insistido en que tenemos que presentar las denuncias para evitar que haya impunidad”, dijo en entrevista el pasado 7 de septiembre.
Agregó que se presentarán más denuncias correspondientes a las cuentas públicas 2017, 2018, 2019, y los siguientes ejercicios fiscales, la mayoría por incumplimiento del deber legal, documentación apócrifa y no acreditar el uso de los recursos públicos.
/MS