Veracruz | 2021-10-11 | Redaccion
El fiscal regional Lauro Erick Huidrobo Chávez, en contubernio con el juez de control, Eduardo Martínez López, y funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, estarían falseando pruebas e inventando delitos para favorecer a la exdirectora del Jurídico del ayuntamiento panista de Boca del Río, Yasmín Gómez Bello, en un caso que, al ser manipulado, inexplicablemente pasó de lo civil a lo penal, poniendo en riesgo la salud física y emocional de una mujer embarazada.
De acuerdo a la denuncia pública que hicieron llegar a este medio de comunicación, el Fiscal Primero, Omar Pérez Hernández -encargado del expediente en cuestión-, estaría falseando la carpeta de investigación 7633/2019, relativa al Proceso Penal 314/2020, por instrucciones de su jefe, el fiscal regional, Lauro Erick Huidrobo Chávez, en supuesta complicidad con la Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social, Sarahí Peña Galaviz, amiga y comadre de la querellante exfuncionaria de la administración municipal panista.
“Es un caso de supuesto incumplimiento de pensión alimenticia. Es civil, pero ahora acusan fraude por supuesta simulación de actos jurídicos. Y para tratar de acreditar el delito manifiestan que el señor Celso Erick Garrido del Castillo -quien procreó una hija con la señora Yasmín Gómez Bello- vendió una casa habitación de su propiedad a la señora Ana Isabel Martínez Torres, para según así evitar garantizar y evadir el cumplimiento de la pensión alimenticia de su menor hija”, refiere el escrito enviado a esta casa editorial.
La operación de compra-venta entre Celso Erick Garrido del Castillo y Ana Isabel Martínez Torres -quienes actualmente se encuentran casados bajo el régimen de separación de bienes- es un acto jurídico legal establecido en el Artículo 107 del Código Civil del Estado de Veracruz.
La denuncia pública sostiene que tampoco hay engaño ni detrimento patrimonial en agravio de la menor ni de la señora Yasmín Gómez Bello, puesto que existen datos de prueba que acreditan que el señor Celso Erick se encuentra cumpliendo con el convenio celebrado para obtener su divorcio y fijar la situación jurídica de la menor.
Para ello, dice el escrito en poder de la redacción, el señor Celso Erick tiene hipotecada una casa de su propiedad para garantizar el cumplimiento de la pensión, lo cual está definido desde que se firmó el convenio.
Además, menciona, se realizó la donación de otra vivienda a nombre de la menor, sin contar con que se encuentra pagando una casa-habitación en la ciudad de Xalapa, la cual, una vez liquidada, deberá ponerse a nombre de la señora Yasmín Gómez Bello.
Por su parte, la señora Ana Isabel Martínez Torres -quien se encuentra en estado de gravidez-, tiene la capacidad económica para celebrar el acto jurídico de compra-venta, ya que obtuvo un crédito simple con garantía hipotecaria, el cual se encuentra al corriente en sus pagos mensuales.
“Aun cuando no hay delito, la supuesta víctima (Yasmín Gómez Bello), en contubernio con los fiscales, han integrado una carpeta de investigación en donde han faltado a su deber de lealtad y buena fe, pues no obstante que los actos de investigación han arrojado que no hay delito, al haberse anticipado, ejercieron acción penal en contra, primero, del señor Celso Erick Garrido del Castillo, y luego en contra de Ana Isabel Martínez Torres, dentro del mismo proceso penal”, refiere el escrito.
Y abunda: “Faltando a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la constitución que rigen a la Unidad de Medidas Cautelares Veracruz Centro-Norte, dependiente de la SSP, la encargada de la misma, la psicóloga María del Pilar Roa Bándala, rindió una opinión técnica de evaluación de riesgos procesales, en donde de manera subjetiva, incongruente con la información recababa y descrita en el mismo, y sin haberse realizado la investigación socio-ambiental de los señores Celso Erick y Ana Isabel, recomienda decretar como medida cautelar prisión preventiva justificada, opinión que pone en riesgo la libertad personal de los imputados, pues por la actitud del juez de control y de los fiscales, que están actuando con toda celeridad para que se lleve a cabo la audiencia inicial -programada para el pasado 5 de octubre del presente año- y que por una situación de salud derivada del embarazo de la señora Ana Isabel, se pospuso para el próximo día 12 de octubre, insistencia de los fiscales y complacencia del juez de control en aras de la tutela judicial en favor de la supuesta víctima. Estos personajes no se preocuparon en dos años en la integración de la carpeta de investigación y ahora, faltando a los principios arriba invocados, ejercieran la acción penal”.
El documento de denuncia remata: “El pasado 5 de octubre ya estaba orquestado el desarrollo de la audiencia inicial, que por cuestiones ajenas tuvo que suspenderse con no muy buen agrado de los artífices de esta ilegalidad, que ya tenían apostados a los agentes ministeriales que iban a detener a los señores Celso Erick y Ana Isabel, al decretarles el juez de control la medida cautelar de prisión preventiva justificada, basada en una opinión técnica hecha ad hoc y ordenada por quien siempre ha estado atrás del escenario moviendo los hilos para llevar a cabo su vil plan, que es la señora Sarahí Peña Galaviz, actual Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social, que también depende de la SSP, quien es gran amiga y comadre de Yasmín Gómez Bello.
Está a punto de cometerse una injusticia, con la complacencia por parte de los fiscales, juez de control, la encargada de la Unidad de Medidas Cautelares y Subsecretaria de Prevención y Reinserción Social, para beneficio de los retorcidos y viles fines de la señora Gómez Bello”.