Veracruz | 2025-06-18
Desde el pasado martes 17 de junio, entró en vigor en todo el territorio mexicano la conocida como "Ley Silla", una reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca mejorar las condiciones laborales de trabajadores de todos los rubros brindándoles un lugar en el que descansar tras largas jornadas laborales.
Concretamente en Veracruz, la nueva normativa empieza lentamente a tomar forma. Según representantes de la Coparmex, muchas empresas ya empiezan a cumplir este derecho a sus trabajadores, principalmente dentro de los sectores de los servicios y el comercio.
Pero, ¿de qué trata realmente esta nueva obligación legal? ¿A quiénes aplica? ¿Y qué pasa si no se cumple?
La legislación no ordena que cada persona tenga una silla asignada todo el día, ni obliga a interrumpir las tareas constantemente para sentarse. Su objetivo es mucho más puntual: se enfoca en permitir que los empleados que permanecen de pie durante buena parte de su jornada tengan acceso real y suficiente a un descanso postural —esto es, la posibilidad de sentarse en momentos oportunos sin afectar sus funciones.
Esta medida apunta a prevenir consecuencias físicas como inflamación en piernas, dolores en la espalda baja o fatiga crónica, que en muchos casos terminan en incapacidades laborales.
Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Veracruz, muchas empresas ya han comenzado a adoptar la ley de forma paulatina. El proceso ha sido, en la mayoría de los casos, interno y organizado.
Se analiza qué trabajadores están en pie durante turnos completos, se dialoga con las comisiones internas de higiene y seguridad, y se determina qué tipo de asiento resulta funcional en cada caso.
No es una adaptación instantánea ni generalizada. Las compañías evalúan sus procesos, espacios y funciones antes de adquirir mobiliario o reorganizar las rutinas de trabajo.
Aunque la ley se dirige principalmente a negocios del sector comercial, tiendas, supermercados o áreas de atención al cliente, hay cierta flexibilidad para que otros giros la apliquen según sus condiciones específicas.
La reforma contempla que habrá personal verificador en campo. Supervisores pueden acudir a centros laborales a confirmar que los empleadores están haciendo lo necesario para respetar este derecho. En caso contrario, se contemplan multas que podrían llegar a superar los 280 mil pesos.
Las inspecciones no se limitarán a revisar si hay sillas, sino también si realmente se permite su uso cuando el puesto lo justifique. No basta con "ponerlas ahí".
La implementación no será inmediata ni uniforme. Cada empresa deberá hacer ajustes conforme su dinámica operativa, tomando en cuenta que lo prioritario es prevenir daños a la salud.