| 2024-12-08
La fiscal General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, arrastra durante su gestión un historial que pone en duda su eficiencia.
Desde abusos de derechos humanos cometidos por su personal, los señalamientos por el uso político de la institución y la caída de casos relevantes, los más recientes son el que apuntaba a Javier Duarte como responsable de desaparición forzada o el de Miguel Ángel Yunes Márquez por falsificación de documentos.
Si bien fue electa para encabezar la FGE por nueve años, en el Congreso del Estado ya se llevó al debate -de manera indirecta- su posible destitución con la presentación de una iniciativa que busca modificar tanto el período de gestión del titular de la Fiscalía, así como el proceso de su elección y su salida.
La gobernadora Rocío Nahle García, quien asumió el cargo hace una semana, ha declarado sobre la permanencia de Verónica Hernández Giadans, como un tema que compete al Congreso de Veracruz.
De acuerdo con información pública en el sitio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solo en el 2024 la FGE fue notificada con 48 recomendaciones por violaciones de parte de elementos de la dependencia a ciudadanos.
Con dicha cifra, la fiscalía de Veracruz fue la dependencia estatal con más casos de abusos comprobados por parte de la CEDH, acumulando 41 por ciento del total que se han emitido hasta el último día del mes de noviembre.
Pero a pesar de lo anterior, únicamente aceptó 16 de las recomendaciones que se emitieron, en donde se reconoció la responsabilidad por la violación de derechos humanos y se atenderán las recomendaciones y reparación del daño.
El resto de las recomendaciones tendrán que ser analizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que de ratificar los abusos emitirá las recomendaciones para que la persona titular de la dependencia comparezca ante el Congreso del Estado para explicar por qué rechazó la solicitud del órgano local.
La Fiscalía General del Estado fue la primera dependencia que recibió una recomendación por violaciones en derechos humanos durante el presente año, documentada bajo el número 01/2024.
En la relatoría de la CEDH se detalló que funcionarios de esta dependencia incurrieron en la debida diligencia en la integración de una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar cometido en el 2019, violando los derechos de la víctima o de la persona ofendida.
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Xalapa. La persona agraviada denunció ante la CEDH que la Fiscalía Especializada en Investigación de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, incurrió en omisiones, dilaciones, irregularidades y falta de debida diligencia en la investigación e inactividad procesal de la carpeta de investigación.
La recomendación que se hizo a la FGE fue dar el reconocimiento de la persona agraviada como víctima, investigar y sancionar a los funcionarios que pudieron incurrir en la violación de sus derechos, dar seguimiento al proceso jurídico de la víctima y capacitar al personal para evitar que se incurra nuevamente en este tipo de actos.
La recomendación no fue aceptada por la dependencia a cargo de Verónica Hernández Giadáns.
La última recomendación que emitió la CEDH, de la que da cuenta en su sitio oficial, también fue a la fiscalía de Veracruz, identificada con el número 115/2024. Sobre esta no existe aún una versión pública, pero se detalla que la dependencia ya fue notificada y se incurrieron en actos que atentan contra los derechos a una vida libre de violencia, derechos de la víctima y derechos de la persona ofendida.
Los casos más recientes que hacen dudar de la eficiencia de la fiscal Verónica Hernández Giadáns y el personal a su cargo, son mediáticos porque involucran a personajes de la política.
El primero de ellos fue el sobreseimiento en favor del exgobernador Javier Duarte de Ochoa para librarlo de la denuncia en su contra por desaparición forzada, dictado por un juez local el 14 de noviembre pasado.
La defensa del exmandatario comprobó ante un juez que las únicas dos pruebas que aprobó la FGE para culparlo fueron dos testimonios, obtenidos mediante tortura y que en automático eran excluidos de carpeta de investigación.
Con lo anterior, el otrora gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría solicitar su liberación anticipada del reclusorio Norte de la Ciudad de México en donde cumple sentencia por su responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
El segundo caso ocurrió en septiembre, pero se dio a conocer recientemente. Se trata de la decisión de la FGE de no ejercer acción penal en contra del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, contra quien incluso la misma dependencia de Verónica Hernández Giadáns solicitó una orden de captura con fines de extradición.
De acuerdo con fuentes ministeriales, fue el 9 de septiembre, dos días antes de que el senador votara a favor de la reforma judicial con la fracción parlamentaria de Morena, que la fiscal de investigaciones ministeriales de Veracruz, Marcela Aguilera Landeta, solicitó a un juez de la entidad cancelar la orden de aprehensión contra Yunes Márquez-
Lo dependencia expuso: "en razón de que obran nuevos datos de prueba que, en su conjunto, hacen estimar la improcedencia de la Acción Penal en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez." Es decir, la autoridad se desistió su propia investigación.
Al senador, la Fiscalía de Veracruz lo acusaba de haber falseado su residencia efectiva en el puerto de Veracruz para poder competir en la elección de 2021 por la alcaldía de Veracruz y así suceder a su hermano, Fernando Yunes Márquez, alcalde del puerto de 2018 a 2021.
El destino de Verónica Hernández Giadáns se tambalea al frente de la Fiscalía General del Estado, luego de que el 27 de noviembre, el diputado local de Morena, Diego Castañeda Aburto, presentó una iniciativa que busca modificar el proceso para la designación, remoción y período del o la fiscal General del Estado.
La iniciativa del legislador morenista tiene como objetivo que el periodo del Fiscal se reduzca, pues en la actualidad el periodo de elección es de 9 años, que, si bien no afectaría la gestión de la actual fiscal porque no sería retroactivo, si la pone en la mira en lo referente a las modificaciones del proceso para removerla.
La propuesta busca regresar la atribución a la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado para remover al fiscal en turno, por las causas graves que establezca la ley, que podrá ser objetada por el Congreso, en un plazo de 10 días. De no responder los legisladores, se entenderá que no existe objeción.