Veracruz - Boca del Río | 2024-11-01
El gobierno de Veracruz, mismo que se encuentra encabezado por Cuitláhuac García enfrenta diversas acusaciones sobre una presunta red de corrupción donde el 80 por ciento de los contratos públicos que se encuentran activos fueron canalizados hacia un grupo selecto de empresas ficticias, mismas que operan con domicilios en casas particulares en colonias de la ciudad de Veracruz y Xalapa.
De acuerdo con una investigación realizada y publicada por reporteros de Excelsior, el gobierno de Cuitláhuac García presenta serias acusaciones de corrupción por el presunto desvío de 5 mil millones de pesos, en los cuales estarían relacionadas 227 empresas fantasma.
Este presunto desvío de dinero del erario pública estaría causando estragos en las arcas destinadas para los diversos sectores como la salud, educación y el desarrollo social.
En la investigación que hizo pública, se exhibieron algunas empresas que estarían siendo investigadas como: "Dimaq de Xalapa SA de CV; Abastecedora de Insumos y Equipos Comerciales S. de RL de CV; Aguas Minerales de los Tuxtlas SA de CV; Distribuidora Biotecpharma S. de RL de CV, y Phono & Medical SA de CV, las cuales comparten la característica de tener direcciones fiscales en domicilios particulares, estas compañías, según los informes, fueron creadas en su mayoría entre 2019 y 2022, período que coincide con la administración de García Jiménez al entrar al poder en la administración veracruzana", señala textualmente el documento de Excelsior.
Indicaron que la administración actual del gobierno de Veracruz mediante una ingeniería contable presuntamente estructuró la creación de estas empresas fantasmas, las cuales permiten mantener contratos sin que haya controles efectivos, así como se utiliza la figura de prestanombres y beneficiarios de programas sociales, mismos que en diversas investigaciones exhibidas no solo por reporteros de otros medios han sido difíciles de rastrear, ya que presuntamente se cuenta con una triangulación de recursos.
En dicha investigación se establece que 52 de las 227 empresas fantasmas que fueron detectadas han sido utilizadas por la Secretaría de Salud, siendo esta la dependencia donde más se ha adjudicado los contratos sobre empresas ilícitas, donde de acuerdo con las declaraciones del diputado Ramírez Marín, al menos 5 empresas controlan el 80 por ciento de los contratos en salud, los cuales ascienden a cerca de 5 mil millones de pesos.
Dicho monto de 5 mil millones de pesos debía de destinarse para mejorar la infraestructura hospitalaria y con ello atender las necesidades emergentes, sin embargo, en los documentos se establece que fueron presuntamente desviados sin que hubiera evidencia de que existían bienes y servicios por el concepto de pago.
Otro de los casos por los que ha estado en la mira el gobierno de Veracruz bajo la administración de Cuitláhuac García ha sido el de una profesora de secundaria en el municipio de Poza Rica, Araly Rodríguez Vez, la cual sin tener injerencia en el sector de proveeduría recibía una cantidad de más de 100 millones de pesos, establecidos en un supuesto contrato fantasma.
Cabe recordar que el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín había señalado en meses anteriores que la profesora Araly Rodríguez podría ser una figura creada para la estructura del desvío de recursos públicos.
De acuerdo con una investigación revelada por Excelsior, se indicó que, a través de diversas adjudicaciones, la profesora de Poza Rica, Veracruz habría sido beneficiada con contratos donde se desglosaba la venta de uniformes de equipos médicos y despensas, esto a pesar que solo se pudo comprobar que el ingreso mensual de esta persona solo ascendía a los 9 mil pesos.
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) reveló que la Secretaría de Salud había otorgado contratos por más de 60 millones de pesos, esto mediante 31 adjudicaciones, entre las cuales se incluían la compra de insumos durante la pandemia de covid, así como la adquisición de equipo médico, entre otros artículos, sin embargo, estos contratos sumaban al menos 2.5 millones de pesos.
En dicha investigación también se reveló que durante la auditoria que realizó el Orfis, logró detectar que esta profesora realizó el registro de esta actividad después de haber firmado 7 días después el contrato de los Servicios de Salud de Veracruz, así como también se encontraba inscrita al padrón de proveedores del DIF Estatal y al Poder Judicial de Veracruz, además de percibir supuestamente de los ayuntamientos de Emiliano Zapata y Perote.
Ante el registro de las presuntas irregularidades dentro del gobierno de Cuitláhuac García con las presuntas pruebas del desvío de recursos, algunos legisladores y organizaciones civiles exigieron que se realice una auditoría al gobierno de Veracruz y de ser necesario se tomen acciones legales contra los funcionarios y empresarios que resulten implicados.
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