Sayula de Alemán | 2022-02-27 | Alejandro Ceja
Tras la acusación de la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas contra el periodista de Diario del Istmo Santos López Celdo a quien relacionó con el asesinato de su secretario particular Octavio Córdova Acosta ocurrido durante este domingo, el comunicador catalogó los señalamientos como infundados y dijo temer por su vida.
Minutos después del homicidio del funcionario municipal registrado a un costado de la unidad deportiva Luis Echeverría, la munícipe sayuleña arribó al sitio y ofreció una postura a medios de comunicación presentes donde señaló directamente al reportero como “principal sospechoso que debe ser investigado por las autoridades” por unas supuestas amenazas y además lo relacionó a la delincuencia organizada.
Al respecto, en un video el comunicador catalogó como temerarias e infundadas las acusaciones de Sánchez Vargas y negó categóricamente tener vínculos con la delincuencia organizada.
Pero además, se dijo dispuesto a declarar ante las instancias correspondientes toda vez que nunca tuvo problemas con el joven asesinado.
López Celdo dijo tener miedo por él y su familia “no entiendo por qué tanta saña de la alcaldesa hacia este reportero; responsabilizo directamente a Lorena Sánchez Vargas de todo lo que me pase o suceda a alguien de mi familia en estos momentos”.
El reportero recientemente dio cobertura al desalojo de comerciantes a un costado del campo deportivo y horas después denunció en sus redes sociales sobre un acoso por parte de empleados municipales, entre ellos el ahora asesinado.
Ante el estado de vulnerabilidad o riesgo en el que podría encontrarse Santos López Celdo, se activaron los protocolos, medidas de protección y asesoría jurídica para presentar una denuncia, señaló vía telefónica Israel Hernández, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas.
Finalmente el periodista originario del municipio sayuleño con una trayectoria de más de 28 años en los medios de comunicación, hizo un llamado al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al ejecutivo estatal Cuitlahuac García Jiménez, a la CEAPP, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a los diputados Juan Javier Gómez Cazarin y Marco Martínez Amador, a fin de obtener medidas de protección.