Ciudad de México | 2020-07-15 | Staff Imagen de Golfo
Las indagatorias del Gobierno Federal, en colaboración con la Agencia para el Control de Drogas (DEA), para golpear a las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), alcanzaron a Veracruz y a personajes políticos como Tarek Abdala, ex tesorero de la secretaría de Finanzas de Veracruz y señalado como operador de un multimillonario desvío de dinero público en ese estado, por el que ahora está preso su exgobernador, Javier Duarte. El político incluso se presume tenía una estrecha relación con el ex jefe del CJNG Francisco Navarrete Serna, recientemente asesinado. Incluso posó con él en una fotografía.
De acuerdo con Univision Investiga, que obtuvo en exclusiva 20 solicitudes de congelamiento de cuentas que forman parte del operativo Agave Azul que denunció a casi 2,000 personas y empresas como sospechosas de lavar dinero para el CJNG, el político veracruzano ligado a Javier Duarte, es indagado por nexos con la organización criminal.
El abogado de Abdala, Eduardo Amerena, confirmó a la reportera Peniley Ramírez, de Univision, que las cuentas de su cliente están congeladas, pero rechazó categóricamente que él haya estado vinculado con el narcotráfico.
Dijo que pocas horas antes de que Abdala fuera incluido en la lista, una persona de la Fiscalía federal trató de extorsionarlo. "Este es el costo de no haber aceptado", declaró vía telefónica a Univision.
“Nunca habíamos podido vincular periodísticamente a Abdala, ni a nadie del círculo cercano de Duarte, con el narcotráfico, esto es algo nuevo”, dijo Arturo Ángel, reportero de Animal Político, que descubrió la trama de corrupción que llevó a Duarte a la cárcel y autor del libro Duarte, el priista perfecto.
Entre 2012 y 2015, Abdala fue tesorero en Veracruz. Luego fue diputado. Ahora, su nombre está incluido en más de 40 investigaciones locales y federales que indagaron la malversación de más de 3,000 millones de dólares del erario en ese estado del sureste mexicano.
Abdala se convirtió en testigo colaborador de la fiscalía federal y declaró que la exesposa de Duarte, Karime Macías, le ordenó transferir unos 42 millones de dólares a empresas de papel y medios de comunicación locales. Ella lo denunció, aludiendo que esas declaraciones eran falsas. "Esa denuncia no nos ha sido notificada, no conocemos sus detalles", dijo el abogado de Abdala.
En junio de 2019, el gobierno estatal de Veracruz acusó nuevamente a Abdala, esta vez por desvíos de otros 25 millones de dólares. Él no ha declarado en esos casos y dijo que su compromiso como testigo era únicamente con la investigación federal.
Horas después de la entrevista de Univision con su abogado, Abdala presentó un escrito a la fiscalía federal, alegando que nunca ha tenido vínculos con el narcotráfico y denunciando que fue extorsionado. En el mismo, solicitó saber si se encuentra incluido en alguna investigación por narcotráfico.
"Que me informe si existe al día de hoy alguna imputación en mi contra (…) si cuentan con documento alguno que me relacione con alguna asociación criminal", escribió Abdala en el documento que su abogado envió a Univision. La fiscalía aún no ha respondido.
Su escrito a la fiscalía tiene sello de recibido el 8 de julio, horas después de que Univision Investiga habló con su abogado.
Abdala escribió que había quedado "inquieto" con la noticia de que su nombre había sido incluido en el mismo acuerdo de congelamiento de cuentas donde están varios jefes del CJNG.
Añadió que los datos que había aportado como colaborador de las autoridades fueron clave para que Duarte “admitiera su responsabilidad por el delito que se le imputaba, y consintiera la aplicación de un procedimiento abreviado, por el que recibió una condena de nueve años”.
Al haber colaborado, sigue el escrito, Abdala ha seguido teniendo que atender "las consecuencias de mi actuar" ya que su dicho "impactó negativamente a terceros, cuyos intereses se vieron afectados por el contenido de mis declaraciones y datos de prueba aportados".
Su abogado afirmó que Abdala continúa siendo testigo colaborador de la Fiscalía y que están combatiendo legalmente la orden de aprehensión en su contra, girada por la fiscalía veracruzana.
Su inquietud actual proviene, dice el documento, de que un alegado involucramiento con el crimen organizado "podría demeritar mi credibilidad ante los inminentes juicios respecto de los cuales estoy obligado a comparecer".
Las cuentas bancarias de Abdala fueron congeladas en junio. Él y su abogado tenían entendido "que se debía a la investigación por el caso de Veracruz y no a vínculos con el narcotráfico", dijo Amerena.
Justamente a principios de junio, añadió el litigante, una persona relacionada con la Fiscalía federal le pidió dinero para retirar, supuestamente, una foto de Abdala de un expediente de un caso de narcotráfico.
"Nos negamos, dijimos que no pagaríamos un centavo, y sabíamos que negarnos tendría un costo", dijo.
Como prueba de sus dichos, envió a Univision capturas de pantalla de la foto que le dijeron estaba incluida en la indagatoria y comprometía a su cliente. La foto era de la campaña de Abdala en 2015 para diputado por Veracruz.
"En esa foto no hay ningún narcotraficante, son personas de Veracruz que no están relacionadas con el crimen", dijo Amerena.
El abogado consideró que la inclusión de su cliente en una lista de cuentas congeladas por supuestos vínculos con el CJNG puede ser una consecuencia de no haber pagado la extorsión. "Ese fue el precio, y es muy triste tener que enterarnos por la prensa que mi cliente está en esa lista".
Las solicitudes de congelamiento de cuentas que incluyen a Abdala y a los narcotraficantes forman parte del mismo acuerdo 74/2020 de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Están divididas en varios oficios. En el que se menciona el nombre de Abdala están también varios integrantes y parientes políticos de la familia González Valencia, conocidos como Los Cuinis y señalados por las autoridades de ser el brazo financiero del CJNG.
En el oficio no se menciona cuál sería la alegada participación de Abdala con el CJNG. Únicamente, se solicita que se bloqueen sus flujos bancarios y los bancos informen de cualquier movimiento que pretenda realizar.
UN MEGA OPERATIVO CON AYUDA DE LA DEA
El megaoperativo en México tuvo ayuda estadounidense, gracias al creciente interés de Washington en el CJNG, dijeron fuentes familiarizadas con la investigación. Este grupo criminal es considerado por Estados Unidos como el cartel con mejor capacidad de armamento en México y uno de los más poderosos del mundo.
En entrevista para Imagen del Golfo, Raúl Sapién Santos, se refirió al caso concreto de Veracruz y sostuvo que se debe interceptar los movimientos financieros de las organizaciones criminales y hacer valer programas como la Iniciativa Mérida y continuar con el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera.
‘(Ante) cualquier golpe a las finanzas de cualquier tipo de delincuencia, y más hablando de organizaciones criminales de carácter transnacional, declaran muchas veces esas organizaciones criminales la guerra contra el propio Gobierno Federal. Es por ello que no únicamente se debe de abatir al crimen con el uso de la fuerza. Insisto, se debe de abatir cerrándoles las llaves del financiamiento ilícito, del cual obtienen y en el cual invierten dinero para seguir financiando” sus actividades criminales, advirtió a Imagen del Golfo Raúl Sapién Santos, del CNSP.
Para Salvador Mejía, experto en lavado de dinero, consultado por Univision sobre los documentos, "no hay antecedentes de algún mapa tan grande sobre la ruta de operación del CJNG. No recuerdo una operación de este tamaño antes desde México",De acuerdo con la legislación mexicana, una vez que las cuentas son congeladas continúan las investigaciones, para establecer si hay elementos suficientes para presentar denuncias penales. Las autoridades anunciaron que muchos señalados ya se investigan penalmente, pero no especificaron cuántos ni quiénes.
"Faltará que estos bloqueos lleguen a denuncias y se investigue cada caso", dijo Mejía.
VERACRUZ, EN LA MIRA DE LA DEA
Durante meses, según las fuentes, la unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda de México colaboró con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para detectar a personas y empresas, desde políticos locales hasta compañías, relacionadas con el CJNG.
Los documentos indican que el cartel opera sus finanzas legales principalmente a través de empresas de construcción, alimentos y consultorías, desde los estados de Jalisco, Sinaloa, Oaxaca, Veracruz y Guanajuato.
Uno de los operadores que aparece en los registros de más compañías –cuyas cuentas fueron congeladas– es Rubén Flores Alejo. Él viajaba constantemente entre varios estados para inscribir empresas, según pudo confirmar Univision Investiga en una búsqueda en los registros públicos estatales. Flores fue detenido en 2017. La prensa lo identificó entonces como "consultor financiero para el CJNG". Univision no pudo localizarlo para una entrevista, ni confirmar si aún se encuentra en prisión.
"Para ellos es muy importante dispersar el dinero obtenido de manera ilícita e ingresarlo al sistema financiero con empresas legales. Esto lo sabíamos. Lo que nunca habíamos visto era exactamente cómo funcionaba ni a través de quiénes", dijo Mejía.
GOLPE CERTERO A LAS FINANZAS DEL CRIMEN
Univision Investiga obtuvo los documentos de dos fuentes confidenciales, una en un banco y otra en la Comisión Nacional Bancaria de México. Muestran que el 2 de junio desde Hacienda se ordenó el congelamiento inmediato de las cuentas. Al día siguiente, los bancos recibieron la orden, clasificada como "reservada y confidencial".
El 3 de junio, el gobierno mexicano anunció que se habían congelado casi 2,000 cuentas. A los bancos consultados por Univision llegaron un poco más de 1,000. Univision no pudo confirmar cuáles son las otras cuentas, a quiénes pertenecen, ni por qué hay una diferencia de casi mil cuentas entre lo que anunció el gobierno y lo que solicitaron a los bancos.
Con los documentos obtenidos, Univision Investiga elaboró una base de datos y analizó quiénes eran las personas y empresas mencionadas en las solicitudes de congelamientos de cuentas bancarias.
Las órdenes de congelamiento fueron incluidas en el acuerdo 74/2020 y se dividieron en varios oficios, que abarcan grupos de personas por distintos temas. Unos incluyen a familiares de los jefes del cartel, otros a políticos, unas más a empresarios y supuestos operadores de menor rango.
"Si las cuentas forman parte del mismo acuerdo de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que interpretarían los bancos es que se tratan del mismo caso, esta vez, de operaciones posiblemente relacionadas con el cartel de Jalisco", dijo Mejía, quien fue Oficial de Cumplimiento de un grupo financiero, antes de tener su propia consultoría para temas antilavado.
La tarde del 3 de junio, Santiago Nieto anunció que el operativo había sido exitoso. Nieto es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda de México y uno de los funcionarios mexicanos que trabaja en mayor colaboración con el gobierno de Estados Unidos, dentro de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Nieto dijo a la prensa que aparecían en la lista "desde sicarios hasta servidores públicos". Él no respondió a una solicitud de entrevista para este artículo.
Entre los políticos con cuentas personales bloqueadas está Eduardo Cervantes Aguilar, alcalde del municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco. Aparece también su hermano Alberto, director jurídico del mismo ayuntamiento y tres hermanos más.
A principios de junio, el joven Giovanni López fue asesinado por la policía de Ixtlahuacán, luego de que lo detuvieron por no usar cubrebocas. El caso provocó protestas en varias ciudades de México, como parte del movimiento iniciado en Estados Unidos #BlackLivesMatter.
Tres policías fueron detenidos y el gobierno estatal tomó el control de la seguridad pública del municipio. El alcalde, que en un principio pidió que no se politizara el caso, nunca acudió a declarar.
La prensa local reportó que Cervantes estaba entre los investigados por Hacienda, pero se desconocía que también a cuatro miembros de su familia les habían bloqueado las cuentas. Ni en el municipio ni en el celular del alcalde respondieron llamadas ni mensajes de Univision.
En los documentos se mencionan a 28 personas y empresas que antes habían sido señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En la mayoría de los casos, sus cuentas y operaciones en México se mantuvieron intactas en los últimos años.
En administraciones anteriores, funcionarios mexicanos declararon a Univision Investiga que México es un país soberano y por tanto no debe acatar como propia una investigación estadounidense.