Ciudad de México | 2020-04-27 | Agencias
Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se reporta como “excelente” tras dar positivo a coronavirus, así lo reportó a través de un comunicado la dependencia que ella dirige la tarde de este lunes.
De acuerdo con la tarjeta informativa de la dependencia federal, la doctora en ciencias políticas se “encuentra en excelente estado de salud y sin síntomas graves a pesar de haber recibido un diagnóstico positivo por SARS-COV-2 el pasado lunes 20 de abril de 2020”.
También informó que la secretaria federal continúa en funciones, pero de manera remota, en estricto apego a las recomendaciones sanitarias de aislamiento social. Asimismo, adelantó que una vez cumplidos los 14 días de cuarentena, retomará su agenda de actividades de manera presencial.
Sandoval Ballesteros fue la primera opción del presidente Andrés Manuel López Obrador para manejar la SFP en el periodo 2018-2024. Es licenciada en economía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), socióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), maestra en Estudios Latinoamericanos, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en Ciencia Política, por la Universidad de California y doctora en ciencias políticas por la Universidad de California en Santa Cruz.
Ha sido titular o partícipe de distintas publicaciones académicas para instituciones reconocidas a nivel internacional, ganó, en 2009, el Premio Manuel Espinosa Yglesias, por el trabajo “Dinámicas políticas de la liberalización financiera: Crisis, rentismo e ‘intervencionismo neoliberal’”.
La SFP es una de las secretarías de Estado que integran el gabinete presidencial. Es el despacho del poder ejecutivo federal con funciones de contraloría. Es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental.
Es decir, la doctora Sandoval es la encargada de inspeccionar el uso del gasto público; expedir las normas y procesos para el control y vigilancia del desempeño de los funcionarios públicos; colaborar en todo momento con la Auditoria Superior de la Federación y el Comité del Sistema Nacional Anticorrupción para el cumplimiento de sus respectivos trabajos.