Hallan anomalías en contratos y compras del sector salud

El gobierno de México dio a conocer una investigación en el sector salud en temas relacionados con medicamentos

| 2025-05-01

El gobierno federal reveló el martes pasado una red de corrupción en la venta de medicamentos en la compra consolidada; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas anomalías de proveedores de la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) en su más reciente revisión de la Cuenta Pública 2023.

De acuerdo con las distintas auditorías del máximo órgano fiscalizador, tan sólo en 2023 la ASF reportó probables daños al erario por un total de 2 mil 570 millones 668 mil 400 pesos, en la mayoría de los casos por compras a sobreprecio, contratos irregulares y entrega de licitaciones a empresas inhabilitadas y servicios fantasma.

Son decenas las compañías privadas que han sido observadas por la ASF, entre las que destacan Almacenaje y Distribución Avior, Farmacéuticos Maypo, Neuronic Mexicana, Servicios Red Corporativo, Información y Conocimiento, Irkon Holdings, Ingeniería y Control de Proyectos, Arkitectura para la Salud y Disamed, entre otras.

Hallan anomalías en contratos y compras del sector salud. Fuente ASF

Fue en febrero de este año cuando la ASF dio a conocer las auditorías a la Cuenta Pública 2023, entre las que destacan 52 fiscalizaciones a la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE e IMSSS Bienestar.

Muchas de estas observaciones no fueron solventadas por las dependencias debido a que en la entrega de resultados de las Cuentas Públicas se le envía previamente y si no son solventadas aparece el probable daño al erario.

En una revisión a las mismas, realizada por EL UNIVERSAL, se comprobó que en 2023 la Secretaría de Salud incurrió en probables daños al erario por mil 257 millones 214 mil 800 pesos.

Fue en febrero de este año cuando la ASF dio a conocer las auditorías a la Cuenta Pública 2023

Destaca la fiscalización realizada a la construcción del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, en el que la Secretaría de Salud presentó irregularidades por 188.4 millones de pesos, entre otras cosas por contratos irregulares y sin la documentación requerida que otorgó a las empresas Comercializadora Arvien, Health Solutions, y Rebstock México.

En otro caso, la Secretaría de Salud contrató a Irkon Holdings para la sustitución de la Torre de Hospitalización del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Al término de la obra, la ASF encontró presuntos desfalcos por 7 millones 90 mil pesos, principalmente por trabajos que se pagaron pero no se realizaron. En particular, se determinó que Irkon Holdings obtuvo pagos en exceso por 27 millones 66 mil 500 pesos en el contrato de obra pública número INCMN/0706/4/AD/001/2020.

De igual forma, se documentaron presuntos desfalcos por 2 mil 566.2 millones de pesos de la Secretaría de Salud durante las erogaciones para la formación y capacitación de recursos humanos.

 "La secretaría pagó 2,566.2 millones de pesos por aumentos de precios por encima de la inflación reportada por el Inegi de dos contratos renovados en 2023 por el Servicio Integral de Infraestructura Tecnológica para la Aplicación del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas a los prestadores de servicios Red Corporativo, S.A. de C.V., en participación conjunta con Grupo Vanguardia en Información y Conocimiento, S.A. de C.V.".

Otro caso de presunta corrupción es la compra consolidada de medicamentos para el sector salud en 2023 por parte de Laboratorios de Birmex, que incurrió en presuntos desfalcos por mil 44 millones 883 mil pesos. La ASF reveló un pagó irregular por 819 millones 630 mil pesos a la empresa Almacenaje y distribución Avior y 152 millones 553 mil pesos a Farmacéuticos Maypo sin proporcionar la totalidad de la evidencia documental comprobatoria que acredite la prestación del servicio por parte del proveedor, así como un pago por 24 millones 258 mil pesos a la empresa Neuronic Mexicana por los medicamentos cloranfenicol, pilocarpina y atropina cuyas claves no estaban aprobadas en el Compendio Nacional de Insumo para la Salud y no fueron requeridas por el entonces Insabi, de las cuales se identificaron diversos rechazos por parte de las instituciones de salud.

Por lo que hace al ISSSTE, la ASF detectó que en 2023 incurrió en probables daños al erario por 50 millones 384 mil 700 pesos. En 13 fiscalizaciones se descubrieron contratos a modo y adjudicaciones directas a la empresa Operbes, la cual recibió tres contratos abiertos por más de 41 millones de pesos, relacionados con el servicio para la red nacional de servicios de telecomunicaciones privadas.

 "Se observaron deficiencias relacionadas con el proceso de contratación, debido a que las investigaciones de mercado y los estudios de factibilidad no consideraron todos los elementos requeridos para garantizar que en las contrataciones se obtuvieron las mejores condiciones para el Estado", señala la auditoría 2022-1-19GYN20-0148-2023.

En lo que respecta al IMSS, en febrero de 2024, la ASF encontró que dicho instituto incurrió en probables daños

De igual forma, durante los trabajos de sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez por un Hospital Regional en Torreón, Coahuila, se detectó que el ISSSTE incurrió en pagos en exceso por 2 millones 517 mil 400 pesos a las empresas Constructora JILSA e Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México.

En lo que respecta al IMSS, en febrero de 2024, la ASF encontró que dicho instituto incurrió en probables daños al erario por mil 245 millones 104 mil 900 pesos.

De las 13 fiscalizaciones destaca la realizada a la construcción del Hospital General Regional Juárez, en Chihuahua, en la que se detectaron pagos en exceso por 11 millones 365 mil 100 pesos a las empresas Ingeniería y Control de Proyectos y Arkitectura para la Salud, por la entrega de productos como gel antibacterial, caretas, cubrebocas, termómetro y tapetes, cuyo costo real era menor a lo que se cobró.

De igual forma, el IMSS incurrió en daños al erario por mil 225 millones de pesos en la implementación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico y de Anestesia. En esa fiscalización se encontraron presuntos desvíos de recursos que se utilizaron para pagar deudas de otros años y costear otros programas, "sin que exista evidencia documental" que lo avale, además de compras por 6 millones 768 mil pesos a la empresa Disamed "sin que exista documentación justificativa que ampare dicho pago", y presuntos actos de corrupción en la firma de 30 contratos con CBH+ Especialistas en Innovación Médica para que prestara el servicio de anestesia en 67 hospitales y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS; sin embargo, la empresa incumplió con todos los contratos.

"Algunas unidades médicas tuvieron que brindar el servicio a menos de la mitad de la capacidad total (...) en una de las unidades médicas se identificó un caso particular en el cual las máquinas de anestesia presentaron fallas y mal funcionamiento, lo que atentó directamente contra la integridad física de los pacientes", especificó la ASF.

En lo que respecta al IMSS Bienestar, la ASF realizó cuatro auditorías, en las que detectó presuntas irregularidades por más de 33 millones de pesos; sin embargo, 100% de ellas fueron solventadas.

Algunas unidades médicas tuvieron que brindar el servicio a menos de la mitad de la capacidad total

Por lo que hace a la Ssa, IMSS e ISSSTE, hasta febrero de 2024 las dependencias no habían solventado sus observaciones.

Aunado a las auditorías vigentes, El Gran Diario de México dio a conocer, el 8 de julio de 2023, que el IMSS abrió licitaciones a farmacéuticas que estaban inhabilitadas por siete años, siendo éstas Centrum Promotora, Disimed, Medicash e Impromed, que compitieron para la contratación del servicio médico integral de estudios de laboratorio clínico. Estas empresas, señaladas como el Cártel de la Sangre, fueron inhabilitadas por siete años por la Secretaría de la Función Pública en agosto de 2022 por evadir las reglas de licitación, prácticas monopólicas y vender a sobreprecio. También se les impuso una multa de 100 millones 243 mil pesos.

.
.