Esposa de ‘El Bronco’ afirma que ex gobernador de NL es un preso político

Ciudad de México | 2022-05-04 | Imagen del Golfo

Adalina Dávalos, esposa del ex Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, envió un mensaje al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a las máximas autoridades para pedir justicia en el caso de su esposo.

A través de un video publicado en las redes sociales del ex Gobernador, Dávalos aseguró que el ex mandatario estatal es “un preso político” del Gobierno de Samuel García Sepúlveda.

“No cabe duda de que Jaime es un preso político del gobierno de Nuevo León. Señor presidente le externo mi preocupación no solo por la situación que vive mi familia sino por todas las familias de Nuevo León”, comentó Dávalos.

Además, recordó que Rodríguez Calderón fue detenido hace casi 50 días, procesado y “exhibido de una manera denigrante e ilegal sin que a la fecha haya un Juez competente que acepte llevar su caso”.

“Si esto sucede con quien fuera Alcalde, Diputado, Gobernador y ex candidato a la Presidencia de la República. ¿Qué nos espera a los ciudadanos que habitamos en este estado? Le pido justicia Señor Presidente, confiamos en usted”, concluyó Dávalos.

El 1 de mayo, el ex Gobernador fue trasladado a un hospital, ya que su estado de salud fue reportado como delicado, según su defensa. Ante ello, su esposa responsabilizó a las autoridades en caso de que la salud de Jaime Rodríguez empeora.

“Todos sabemos que está recluido por un supuesto delito electoral sin que a la fecha haya un juez competente que acepte llevar el caso y a quien lo vinculó ahora no sabe qué hacer”, comentó.

Rodríguez Calderón, detenido el 15 de marzo, es acusado del uso indebido de recursos públicos para conseguir las firmas requeridas para su candidatura independiente a la Presidencia en las elecciones de 2018.

Además, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad en la requisa del sistema de transporte Ecovía que pertenecía al empresario Abelardo Martínez, de Transporte Tecno Ecológico, por haber confiscado bienes de un particular sin indemnización.

Se alegó que al haber sido una orden directa del ex gobernador, sería el responsable del daño al concesionario, quien interpuso la denuncia en el 2020 ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción.

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