México | 2020-06-20 | News Week México
El COVID-19 está afectando desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables del mundo. Entre ellas se encuentran los más de 70 millones de personas desplazadas por la fuerza: refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y migrantes, incluidos los inmigrantes indocumentados.
Muchas de estas mujeres, hombres y niños viven en malas condiciones en todo el mundo, con falta de acceso a servicios básicos como agua limpia, alimentos, saneamiento o acceso inadecuado a la atención médica, así como falta de un estatus legal. La pandemia del COVID-19 exacerba estas condiciones de vida.
En estos entornos, las medidas preventivas a menudo no son posibles. ¿Cómo podemos pedir a las personas que se protejan cuando no tienen acceso fácil al agua o al jabón? O que se aíslen cuando viven en carpas estrechas junto a otras diez personas. El distanciamiento físico es muy difícil, si no imposible, en campamentos superpoblados y entornos urbanos densos, donde las personas viven juntas en pequeños refugios congestionados con muchos miembros de la familia. Y tener que hacer fila para obtener agua y alimentos aumenta los riesgos de transmisión viral.
Ninguna emergencia de salud pública debería negar a los solicitantes de asilo y la protección de los refugiados. Sin embargo, muchos Estados niegan deliberadamente la entrada a los solicitantes de asilo o impiden indirectamente su acceso bajo el pretexto de medidas de cierre de la frontera para limitar la propagación del brote.
Con información de News Week México