Ciudad de México | 2023-04-12
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer este miércoles un fallo histórico en los casos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes estuvieron 17 años en la cárcel sin recibir una sentencia.
Consideró que el Estado mexicano es responsable de “la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la Ley y a la protección judicial cometidas” en su contra “por su detención y privación a la libertad”.
“El 25 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, ‘la Corte’ o ‘el Tribunal’) dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de México por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la Ley y a la protección judicial, contenidos en los artículos 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante ‘la Convención’).
“En relación con las obligaciones de respeto y de adoptar disposiciones de derecho interno contenidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, se lee en la resolución, donde también se le ordena a México eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa.
Daniel García fue detenido el 25 de febrero de 2002, mientras que Reyes Alpízar fue capturado hasta el 25 de octubre de 2002, luego de ser acusados del asesinato de María de los Ángeles Tamés, regidora de Atizapán, Estado de México, ocurrido en 2001.
Posteriormente, señaló, “las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por más de 17 años cuando se adoptaron medidas alternativas a la privación a la libertad, las cuales se encontraban vigentes cuando la Corte emitió su sentencia”.
“El 12 de mayo de 2022 fue pronunciada la sentencia mediante la cual se les condenó por el delito de homicidio y se les impuso una sanción privativa de libertad de 35 años”, afirmó. “Esa sentencia fue apelada”, refirió la CIDH.