| 2024-01-23
El sábado pasado, la juez segunda de Distrito en Procesos Penales Federales, Raquel Ivette Duarte Cedillo, ordenó la liberación de 8 militares detenidos en prisión preventiva por el delito de desaparición forzada en el caso de los 43 de Ayotzinapa.
Este hecho causó un fuerte rechazo en la Fiscalía General de la República (FGR), misma que anunciaría una impugnación e investigación contra la jueza radicada en Toluca. Esto con el fin de “garantizar la seguridad de las víctimas”, según se leía en el comunicado en redes sociales.
Por su parte, La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respondió al comunicado de la FGR respecto a la impugnación de la liberación de los ocho militares.
Rechazaron que dicha medida implique otorgar una “ventaja injusta” a los procesados, ya que la misma no implica su exoneración. Continuarían su proceso en libertad hasta dictaminar o no su inocencia.
Recordaron que la prisión preventiva oficiosa es una medida que carece de jurisprudencia “convencional” y los presos ya habían apelado por su libertad en etapas anteriores. Entonces, la FGR tuvo la oportunidad para justificar la continuidad de la norma, pero no lo hicieron.
“Ante ese recurso, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concluyó que el fiscal ya había dispuesto de la oportunidad para justificar la necesidad de la prisión preventiva...y que, por eso, lo correcto era que ya sólo la jueza del proceso decidiera cuál medida imponer.” Señaló la JUFED.
Al no existir riesgo de fuga, se decidió que los siguientes exmilitares continuaran su proceso en libertad: