México | 2021-07-29 | Judith Sánchez Reyes
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la próxima semana firmará un decreto, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, que permitirá la excarcelación de reclusos que no cometieron delitos graves, como una nueva política penitencia en las cárceles federales.
Explicó que la liberación se dará en cuatro situaciones específicas:
1.- Para aquellos internos que, en 10 años no hayan sido sentenciados, y estén en la cárcel por delitos no graves.
2.- A los adultos mayores de 75 años que hayan cometido, delitos no graves o de sangre, se les concederá la excarcelación y podrán seguir con su proceso en prisión domiciliaria.
3.- A los adultos mayores de 65 años que estén en situación de vulnerabilidad, como los que padezcan enfermedades crónico-degenerativas, se les permitirá su liberación bajo un diagnóstico por parte de la Secretaría de Salud.
4. – Aquellos que hayan sido torturados y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul.
El Mandatario dijo que "no queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado Entonces, estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la secretaria de Gobernación. Lo vamos a elaborar la semana próxima para presentar y publicarlo.", indicó.
Durante la conferencia de este jueves, el Presidente adelantó que el plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre de este año.
López Obrador dijo que dentro del gobierno de la Cuarta Transformación la Segob tiene un nuevo rol: proteger los derechos humanos e impartir justicia, por lo que pidió que las autoridades estatales tomen esto como ejemplo y “tomen cartas en el asunto”.
Destacó que la justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, debe ser rápida y expedita, ya que una persona no puede estar recluida en una cárcel sin tener una sentencia, y si la justificación es la falta de personal en las instancias judiciales la solución es que se bajen el sueldo y se alineen a la política de austeridad republicana para que se optimicen los recursos.
“Esto lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto los poderes judiciales en los estados como el Poder Judicial de la Federación, los tribunales superiores de justicia en los estados y el Poder Judicial Federal. Que les falta personal, faltan recursos; bájense el sueldo los de arriba, ahorren, que es muy piramidal el funcionamiento de los poderes, los de mero arriba vivimos muy bien. Austeridad republicana y alcanza”.
Miles de casos sin sentencia
Sobre el número de personas recluidas en las cárceles federales, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que 94 mil 547 personas no cuentan con sentencia, de los cuales y 12 mil 358 están acusados de delitos del fuero federal, lo que representa el 43 por ciento de la población carcelaria.
Señaló que esta situación se presenta porque en muchas ocasiones los abogados defensores interponen recursos que dilatan la resolución en los procedimientos.
Subrayó que con la firma de este decreto de política carcelaria miles de personas en estado de reclusión tendrán el beneficio de la prisión domiciliaria.
Caso Vallarta
Un caso que pudiera resolverse bajo lo estipulado por este decreto presidencial, es el de Israel Vallarta, detenido por secuestro en 2005, bajo la acusación de formar parte de una banda de secuestradores liderada por la francesa Florence Cassez, ya que a la fecha no cuenta con una sentencia y ha denunciado haber sido víctima de tortura durante su detención, por lo debe ser liberado, indicó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
“Existe una recomendación emitida el pasado mes de abril por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde se establecen, con toda claridad, violaciones al debido proceso y la comisión de tortura al señor Vallarta durante su detención, lo cual a nuestro juicio debe ser considerada por el juez, y por lo tanto la tortura debe invalidar las pruebas obtenidas posteriormente a su detención”, aseguró Encinas, encargado del área de derechos humanos.
Encinas Rodríguez señaló que de acuerdo a una recomendación emitida el pasado mes de abril del presente año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se establece con toda claridad violaciones al debido proceso y la comisión de tortura contra Vallarta durante su detención, ”lo cual, a nuestro juicio debe ser considerada por el juez que está analizando su situación jurídica y por lo tanto la tortura debe invalidar las pruebas obtenidas posteriormente a su detención para esta causa en específico”.
Indicó que bajo la instrucción presidencial, la Segob trabaja para erradicar la tortura como una práctica común en México y castigar a aquellos que la ejecutan.
“Queremos erradicar la tortura como una práctica regular que durante muchos años existió en nuestro país, no podemos andar con medias tintas ni con duda. Cualquier persona, sea quien sea y haya sido objeto de tortura, debe ser puesta en libertad de inmediato y los torturadores deben de ser castigados”.