| 2025-02-28
Estados Unidos evaluará la posibilidad de aplicar la pena de muerte a seis de los 29 narcotraficantes entregados por México, entre ellos Rafael Caro Quintero.
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, varios de los acusados tenían solicitudes de extradición pendientes desde hace años, las cuales no fueron atendidas durante la administración del presidente Joe Biden.
Sin embargo, el gobierno mexicano decidió entregarlos a la actual administración en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14157, emitida por el presidente Donald Trump. Dicha orden tiene como objetivo la erradicación de los cárteles de la droga mediante su designación como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados.
Por su parte, la Orden 14164 restablece la pena de muerte y refuerza las medidas de seguridad pública. Junto con la directriz del Fiscal General del 5 de febrero, establece los criterios para su implementación.
Un ejemplo es el caso de Caro Quintero, quien será juzgado en el Distrito Este de Nueva York y podría enfrentar cadena perpetua o la pena capital. Entre otros acusados en situaciones similares se encuentran José Rodolfo Villarreal Hernández, Vicente Carrillo Fuentes, Andrés Clark, Luis Geraldo Méndez Estevane y Aliso Martín Sotelo.
El memorándum adjunto a la Orden 14164 establece como política gubernamental que las leyes sobre la pena de muerte se ejecuten sin interferencias de jueces o políticos.
Asimismo, se dispone que el Fiscal General impulse la pena capital en delitos de extrema gravedad y, cuando la legislación lo permita, busque la jurisdicción federal para aplicarla en casos como el asesinato de agentes del orden o crímenes capitales cometidos por extranjeros en situación irregular dentro de EE.UU.
Además, se ordena al Fiscal General tomar medidas para garantizar que todos los estados con pena de muerte cuenten con los suministros necesarios para aplicar inyecciones letales.
En cuanto a la lucha contra el crimen organizado, el documento señala que los líderes y operadores de cárteles enfrentarán cargos por delitos graves como terrorismo, extorsión y crimen organizado.
Respecto a los delincuentes de menor rango, la directriz establece que, en lugar de ser enjuiciados, se priorizará su deportación en aquellos casos donde no cuenten con un estatus migratorio regular.
También se evaluarán sus antecedentes de violencia y se buscará eliminar obstáculos burocráticos que dificulten su procesamiento judicial.
El Departamento de Justicia enfatizó que estos traslados se realizaron en respuesta a la política del gobierno estadounidense bajo la Orden 14157. No obstante, en su comunicado no se mencionó ningún reconocimiento al gobierno mexicano.
La entrega de los narcotraficantes coincidió con una reunión en Washington entre funcionarios de México y el secretario de Estado, Marco Rubio, donde se definieron estrategias conjuntas para combatir el narcotráfico.