Xalapa | 2022-05-12 | Jair García
El abogado Tomás Mundo Arriasa presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de la magistrada presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.
Para ello, indicó que presentará pruebas científicas como la psiquiatría y neuropsicología forense, además de la psicología del testimonio.
Acusó que por instrucciones de ella, hoy en día, cerca del 48 por ciento de la población penitenciaria se encuentra en la cárcel, sin estar plenamente justificado.
El abogado penalista detalló que mediante la neuropsicología forense se determinará la capacidad que tiene la magistrada presidenta en la toma de decisiones en contextos sociales,, así como su capacidad de cognición social así como su integridad cognitiva sin alteraciones de la memoria, atención, planeación, flexibilidad cognitiva y valoración del riesgo-beneficio en situaciones sociales.
Con la prueba en psiquiatría forense se busca descartar probable sintomatología de demencia.
Y con la psicología del testimonio la finalidad es analizar si la magistrada tiene dificultades para seguir el hilo de una conversación y detectar indicios de deficiencias cognitivas.
Tomás Mundo recordó que en días pasados, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, cumplió 70 años de edad, lo que de inmediato la inhabilitaba para seguir siendo magistrada, y por ende, presidenta del Tribunal.
Pese a ello -supuestamente saber de este impedimento legal- ella mismo promovió una dispensa de un requisito constitucional-, a sabiendas que no son dispensables tales requisitos, pues en los artículos 95 de la Carta Magna, y los diversos de la Constitución local, expresamente señalan como límite para fungir como magistrada, cumplir los 70 años de edad; y al seguir al frente por una mayoría de los diputados pertenecientes al partido político que está en el poder, no puede estar por encima de la Constitución el dispensar requisitos que deben cumplirse obligadamente.
A la par, la señaló de estar violentando el derecho de presunción de inocencia de cientos de personas y mantenerlos en prisión por delitos que no ameritan cárcel.