Orizaba | 2021-01-15 | Nora Gabriela Lira
La privación de libertad de la señora Elvira “N” la noche del jueves en Tierra Blanca y su posterior rescate sólo evidencian que el papel del estado en materia de seguridad se queda corto y las personas siguen igual de desprotegidas en esa zona, indicó Anaís Palacios Pérez, defensora de derechos humanos.
La acompañante de familiares de desaparecidos consideró que lo ocurrido es un acto reprobable, pero es muestra de la violencia que se ve en ese lugar no cede ante las estrategias que se aplican.
“La situación deja un mal sabor de boca, pero no es de la noche de ayer. Estamos revisando algunas situaciones que han acontecido en la región y al saber que hay un número de víctimas indirectas que están pronunciándose por la presentación con vida de sus hijos o sus familiares sabemos que la región no es particularmente pacífica,” añadió.
Palacios Pérez destacó que Tierra Blanca ha sido señalado como un lugar donde opera el crimen organizado e incluso el año pasado se dio una disculpa pública por el caso de los 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca por los policías estatales, donde se reconoció la vinculación de los elementos de la policía con el crimen organizado.
Indicó que si bien el gobierno del estado ha acatado las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ofreció una disculpa pública, el reconocimiento exclusivo de las problemáticas o la responsabilidad del estado no subsanan la problemática de fondo, que es que las desapariciones siguen ocurriendo y las personas que están en calidad de desaparecidas siguen con ese estatus desde hace años, por lo que el papel del estado se queda “bastante corto”.
Agregó que tras lo ocurrido se puede esperar que haya mayor presencia policial con fuerzas municipales, estatales o federales, pero después de eso qué puede pasar si el estado no puede tomar el control sin que eso signifique lo que ha ocurrido en otras partes de llegar a la militarización, que en la mayoría de los casos representan violaciones de derechos humanos.
En ese sentido, consideró que las estrategias de seguridad son pobres y las decisiones gubernamentales para atacar este problema dejan mucho a deber.