Xalapa | 2022-02-04 | Jesús Ruíz
La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, informó que por los ejercicios 2017, 2018 y 2020 se han presentado cinco nuevas denuncias contra el mismo número de entes fiscalizables por desvíos que superan los 103 millones de pesos.
Sin embargo, refirió que hay otros 10 municipios que estarían involucrados en desvíos y el uso de documentos apócrifos, inclusive ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por lo que están en proceso de obtener la documentación para proceder ante la Fiscalía General.
Detalló que por el 2017 son tres denuncias; de 2018 es una y otra por el ejercicio de 2020; de estas, cuatro son contra municipios y una es contra un Instituto Tecnológico. Además, indicó que uno de los denunciados presentó documentación falsa.
“Tenemos todavía más de 10 identificados y estamos en el proceso de obtener con el órgano que supuestamente emitió los documentos que nos hicieron llegar, dentro de ellos también está el SAT, por facturas electrónicas”, indicó.
Lamentó que los entes municipales pretendieron comprobar algún procedimiento de validación violentando los trámites de obra con la documentación falsa.
“Hemos estado recabando de estas autoridades la documentación correspondiente para acreditar y presentar una denuncia. Es necesario que la autoridad que emitió ese documento nos diga exactamente que esa documentación es apócrifa, porque las respuestas que habíamos estado teniendo es que no se encuentran en el expediente.
“Necesitamos que la autoridad nos diga que es falsa, para que entonces podamos sostener que el documento lleva un acto ilícito, que se cometió y esto llevarlo hasta la Fiscalía”, refirió la auditora general.
Respecto a la propuesta para hacer reformas a la Ley de Fiscalización, anunció que la presentará de nueva cuenta, luego de que en la pasada LXV Legislatura se quedó en la congeladora legislativa.
Apuntó que la iniciativa implementa un “buzón fiscalizador”, para que se puedan hacer notificaciones electrónicas y envío o recepción de documentos a través de las herramientas tecnológicas.
“La Ley del Congreso establece que las iniciativas que queden pendientes por dictaminar se establecen como canceladas y es necesario presentar una nueva. Vamos a presentarla y fortaleciendo esta iniciativa para que se reforme en este sentido y que se incluyan algunos otros aspectos de la fiscalización”, adelantó.