Xalapa | 2021-11-10 | Jesús Ruíz
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una tercera denuncia en contra del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, ante los desvíos detectados en 2018 en el que se detectó un monto por aclarar por 282 millones 426 mil 992.5 pesos.
En la tercera ocasión que la Auditoría procede en contra de dicho Organismo Público Descentralizado (OPD) por los presuntos desvíos de recursos federales en la Cuenta Pública de dicho ejercicio.
Hay que destacar que por instrucción de la ASF el Gobierno de Veracruz ya inhabilitó a diversos directivos del Instituto durante 2021, quienes han ido sumando diversas sanciones administrativas durante este año.
El exdirector general, Ricardo Antonio Mondragón Ramos; el exsubdirector administrativo, Noé López Torres, al igual que el jefe del Departamento de Recursos Financieros, Mario Alberto Hernández García, fueron inhabilitados inicialmente por 7 años.
Además, Mondragón Ramos y Hernández García recibieron otra inhabilitación por un año, junto con el exjefe del departamento de recursos financieros, Raúl Rosario Fernández y el exsubdirector administrativo, Noé Rodrigo Hernández Hernández.
Por su parte, López Torres recibió otra inhabilitación por otros 7 años, al igual que Hernández García y el exdirector Mondragón Ramos. Finalmente, todos los funcionarios recibieron otra inhabilitación por un año más.
La fiscalización los recursos públicos detectó 15 instrumentos jurídicos que el Instituto suscribió con diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios.
Como antecedente, la ASF advirtió que durante 5 años consecutivos de la anterior administración federal de Enrique Peña Nieto se suscribieron diversos contratos, convenios, anexos técnicos y otros instrumentos jurídicos de manera irregular.
En dicho Gobierno también se registraron diversos incumplimientos en cuanto a la ejecución de los trabajos y servicios convenidos derivados de la falta de supervisión, control y seguimiento por parte de las dependencias y entidades del Gobierno Federal.
En su informe, la Auditoría evidencia que de 215 millones 399 mil pesos de recursos públicos federales que fueron transferidos a diversas cuentas bancarias a nombre del ITSCO, se identificó que éste, a su vez, transfirió 145 millones 133.9 miles de pesos a un Fideicomiso con número de terminación 6301.
Además, asignó 50 millones 481.2 miles de pesos a la persona moral Laboratorio de Investigación en Tecnologías de Información de Cosamaloapan, S. de S. S.; a otros proveedores 5 millones 176.5 miles de pesos, y 14 millones 607.7 miles de pesos a destinatarios diversos.
“Con el análisis de la información se determinó que el ITSCO no acreditó ni justificó el motivo por el que transfirió recursos públicos federales de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en el ejercicio fiscal 2018, al Fideicomiso con terminación número 6301”.
Cabe señalar que el fideicomiso era del Instituto y, además, se acreditó que no contaba con la capacidad técnica, material, humana y financiera para cumplir con los compromisos convenidos, para los cuales manifestó a las Dependencias y Entidades, bajo protesta de decir verdad, que contaba con dicha capacidad, entre otras irregularidades.