Xalapa | 2022-05-05 | Jesús Ruiz
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 002/2022 por violaciones a los derechos humanos de dos mujeres, concretamente respecto al resguardo de sus datos personales luego de presentar quejas por acoso sexual y laboral.
Se trata de una empleada y una estudiante prestadora de servicio social en la Segob, quienes denunciaron que Fernando Quirarte las acosaba laboralmente y hacía insinuaciones de índole sexual cuando se desempeñaba en la Dirección de Gobernación, para después pasar a otros cargos.
En la relatoría se dio a conocer que intentaba abrazar a las mujeres al tiempo que buscaba restregar sus genitales en sus cuerpos.
Respecto a la joven de servicio social, ella acusó que él intentó entrar ebrio a la habitación de hotel donde se hospedaron en una gira por Córdoba.
La trabajadora supuestamente afectada laboraba en la subdirección de Atención Ciudadana de la Dirección General de Gobernación y en su queja ante la CEDH acusó:
“No es, sino hasta el mes de enero de 2019, que el Director General de Gobernación, solicitó que me asignaran como su ‘asistente’ pues ‘supuestamente’ la que tenía había salido de vacaciones y que a su regreso yo me regresaría a mi lugar de adscripción, situación que hasta el día de hoy no ha ocurrido.
“Es a partir de que el C. Director tomó la decisión de asignarme como su asistente y con su conducta ha empezado a ejercer sobre mi persona un terrible acoso sexual, laboral y de extorsión que pone en riesgo incluso mi vida y la de mi familia. Lo anterior en virtud de que el trato hacia mi persona desde hace más de un mes raya en lo déspota, misógino y grosero, ya que sus comentarios son denigrantes hacia cualquier servidor público; en especial hacía las mujeres, mostrando una actitud de acoso hacía aquellas que cumplen con sus ‘estándares de belleza’", relata en el referido documento de la CEDH.
Por su parte, la joven que prestó su servicio social de agosto de 2018 a febrero de 2019 reportó que el 24 de enero de 2019 el Director la llamó en su oficina junto a otro compañero, informándoles que tenían que acompañarlo a su viaje a Córdoba y la función de la joven sería la de encargarse de los viáticos y su comprobación.
Al llegar a Córdoba, Fernando Quirarte instruyó a los otros colaboradores a hospedarse en un hotel distinto y le pidió a la joven del servicio social que se quedara con él.
“(…) me dijo que yo me podría quedar con él, por lo que me sentí muy incómoda y molesta y le manifesté que en ese momento me regresaría, a lo que él me respondió que le hiciera como quisiera, que como yo quisiera estaba bien; sin embargo, al encontrarme en una ciudad desconocida, no tuve más remedio que quedarme, ya que nunca pensé que la actitud, cobarde y prepotente del director resultara así.
“Fue entonces que nos hospedamos en el Hotel Palacio que se encuentra en el centro de la ciudad de Córdoba, siendo ese mismo día como a las 21:00 acudimos a cenar al restaurante del propio hotel, junto con personal de la Dirección General de Patrimonio del Estado, quienes también se sumaron a la comisión y una servidora, y durante el desarrollo de la cena se la pasó con actitudes impropias hacia mi persona y sugiriéndome me tomara una cerveza para desestresarme ya que según él yo me veía estresada, siendo que me sentía muy incómoda por su actitud acosadora hacia mi persona, por lo que decidí levantarme de la mesa y subirme a mi habitación, posteriormente, siendo aproximadamente las 21:45 horas del mismo día, empecé a recibir llamadas y mensajes de WhatsApp, de este señor en evidente estado de ebriedad, en donde me solicitaba que me quería ver, y pasar a mi habitación”.
De acuerdo con la trabajadora que promovió la queja, estas situaciones fueron denunciadas ante el subsecretario de Gobierno del Estado de Veracruz, pero este solo se concretó a darle tres días de descanso “en lo que decidía qué hacer con ella” y para el 8 de marzo, cuando el gobernador Cuitláhuac García Jiménez presentó el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual, ella llegó hasta el mandatario y le hizo saber lo que ocurría en la oficina, sin encontrar mayor apoyo.
La trabajadora fue comisionada por el resto del año a la Dirección General de Asuntos Religiosos y, de acuerdo con la CEDH, la revictimizaron en la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, entonces a cargo de Mayra Ledesma Arronte pues, aunque solicitó la reserva de sus datos personales, la propia autoridad pasó por alto esta petición.
A solicitud de la víctima, el 28 de marzo fue canalizada al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), para recibir atención psicológica y que se le expidiera un informe del diagnóstico de la atención recibida, mismo que le fue negado al señalarle que la psicóloga solo se concretó “a generarle confianza” para que expusiera su caso.
Otra irregularidad se presentó en la Contraloría Interna de la Secretaria de Gobierno, donde se le marcó copia a Eric Cisneros Burgos, donde nuevamente no se omitieron sus datos personales. Aunque la mujer presentó las pruebas y pidió medidas cautelares contra el agresor, le fueron negadas porque “no había sido violada”.
Posteriormente se apercibió al director general de Gobernación para abstenerse de cualquier contacto con la víctima en tanto se resolvía el caso.
Meses después, en septiembre de 2019, el titular del Órgano Interno de Control remitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa al director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública del Contraloría General del Estado calificando como una falta no grave lo señalado por la víctima.
La Contraloría General siguió revictimizando a la trabajadora; el 14 de noviembre del 2019, el director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, le notificó que el 28 de noviembre del 2019 a las 11:00 horas debía comparecer y ofrecer pruebas en una audiencia donde la pusieron frente a frente con su agresor por más de seis horas.
En el caso de la estudiante, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) en Xalapa, entonces dirigido por Yadira Hidalgo González, le pidió que desistiera de sus quejas y señalamientos, según el expediente de la CEDH.
Posteriormente, en 2020, la joven ingresó a trabajar al IVM, pero cuando le recordó a la encargada de despacho María del Rocío Villafuerte que había un procedimiento no resuelto en Segob, optaron por obligarla a renunciar.
La CEDH condenó a la Segob y a la Contraloría a ofrecer una disculpa a las víctimas, aceptando la existencia de los hechos que violentaron sus derechos humanos y asumiendo su responsabilidad y compromiso para reparar los daños de manera integral, entre otros puntos.
Ambas deberán también compensar a las dos mujeres por las afectaciones provocadas en su integridad personal (física y psíquica) y por el daño moral directamente relacionado con la violencia sexual sufrida en el ámbito; en el caso de Gobernación deberán incluirse los gastos que sean puntualizados y/o comprobados por las víctimas como aquellos erogados para atender su salud física y psicológica, y la de su familia.
La Contraloría por su parte deberá compensar a ambas por el daño moral causado por la revictimización y violencia institucional acreditadas que derivaron de la demora, omisiones e irregularidades observadas por las distintas áreas que la conforman y resultaron involucradas en la investigación y substanciación de los procedimientos impulsados por las víctimas.
Igualmente, el ayuntamiento a cargo de Ricardo Ahued Bardahuil deberá realizar las acciones ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que las mujeres puedan recibir atención psicológica de parte del IMM; de no poder ser así, deben ser canalizadas a instituciones públicas o en su caso, de ser atención privada, deberán costear los gastos.