Xalapa | 2022-08-12
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó al Congreso del Estado la comparecencia del alcalde de Altotonga, Juan Ignacio Vladimir Morales Guevara, luego de que sus antecesores se negaron a aceptar una recomendación por violaciones a derechos humanos.
Mediante un oficio Namiko Matzumoto Benítez, presidenta del organismo autónomo, ya solicitó al poder legislativo que cite a comparecer al munícipe, luego de que su antecesor se negó a aceptar la recomendación 18/2018.
En esta se expuso el caso de una persona que el 6 de marzo de 2017, fue víctima de abusos de los elementos policiacos del municipio, quienes le dispararon sin mayor razón, en tanto que en la Fiscalía General le tomaron muestras de sangre sin consentimiento.
La víctima de identidad resguardada señala que fue privado de su libertad “de manera anticonstitucional, ilegal e injusta”.
“El día lunes 6 de marzo del año 2017, aproximadamente a las 01:20 de la mañana pasaba por el palacio municipal de la Ciudad de Altotonga, Ver., a bordo de mi unidad color blanco de modelo atrasado, con dirección a mi domicilio, he de manifestar que iba escuchando música y con mis vidrios arriba justo como lo dicen los elementos policiacos en su parte informativo de fecha 06 de marzo del año en curso.
“… nunca me di cuenta o escuché que me dijeran que me parara, continúe mi camino, escuché que hicieron disparos e inmediatamente sentí que me dolía la espalda a la altura del omoplato derecho pues una de esas balas me había alcanzado y herido, como consta en los documentos que anexo al presente consistente en copias simples de la carpeta de investigación; decidí pararme por temor a que siguieran disparándome y me llegaran a matar pues era evidente que no querían detener la trayectoria de mi vehículo, sino que querían privarme de la vida”, señala en su queja.
Destaca que los elementos le pidieron bajar del vehículo, lo cual hizo sin oponer resistencia alguna con la finalidad de que no lo “ejecutaran”.
“Me llevaron a los separos, varias horas después me llevaron a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Distrito Judicial Jalacingo, Ver., donde, me dijeron que le llamara a un abogado por lo que me comuniqué con mi defensor el cual me manifestó que no aceptara ni dijera nada hasta que él llegara, sin embargo, el personal de la Fiscalía me indicaron que cooperara que ellos sólo hacían su trabajo que mi abogado ya venía.
“Me dijeron que cooperara y ante lo aterrado que estaba pensando que si no accedía me podían hacer algo, me indujeron a aceptar que tomaran la muestra sin estar de acuerdo, y sin estar presente mi abogado, ahora después de que me leyeron mis derechos como inculpado, y después de que mi abogado me informara de mis derechos no estoy de acuerdo la forma para conseguir que accediera a que me tomaran la muestra de sangre máxime que mi abogado defensor no se encontraba presente”, acota.
Si bien es cierto que la FGE aceptó la recomendación y sus puntos resolutivos, no ocurrió lo mismo con la autoridad municipal, que se limitó por medio de un escrito a negar los hechos narrados por la víctima.
La CEDH dio vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH) de la negativa del municipio y la Comisión Nacional ratificó la recomendación emitida.
En la recomendación, el municipio estaba obligado entre otras cosas a que le fuera pagada una indemnización justa y proporcional, a manera de compensación a la víctima “por los daños y perjuicios ocasionados al vehículo de su propiedad”.
Que se iniciara una investigación interna de manera diligente, imparcial y exhaustiva, a efecto de determinar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos por las violaciones a derechos humanos demostradas en el caso.
Que se capacitara eficientemente a los elementos de la Policía Municipal en materia de promoción, defensa, garantía y respeto de los derechos humanos, particularmente sobre la libertad e integridad personales, además de que en lo sucesivo debería evitarse cualquier acción u omisión que revictimice al agraviado.
Al desdeñar la recomendación e incluso no encontrar expediente alguno que señalara el inicio del procedimiento de cumplimiento en las actas de entrega recepción con la nueva administración, la CEDH determinó que sea el Congreso el que escuche los argumentos del expresidente municipal.