Xalapa | 2022-10-19
Los diputados de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado determinaron que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) realizó un trabajo deficiente en sus Informes de las Cuentas Públicas 2021, por ello plantean conceder 90 días extras para continuar con los trabajos de fiscalización.
Esto lo confirmó el diputado de Morena y presidente de dicho órgano, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, al confirmar que ya remitieron a la Mesa Directiva el dictamen que rechaza los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2021 presentados el pasado 30 de septiembre por encontrar distintas anomalías
Cabe destacar que los diputados de la comisión concluyeron que el trabajo del Orfis fue deficiente “en cuanto a la seguridad y certeza jurídica de los actos realizados”, por ello deberán realizar las adecuaciones pertinentes en los próximos tres meses.
Fararoni Magaña añadió que, si así lo determina la mayoría de los diputados, se otorgará dicho plazo para que el Orfis efectúe una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia.
“Se discutió y aprobó un dictamen en donde no se aprueba la cuenta pública, ese dictamen va a ser sometido al pleno en los próximos días y no quiere decir que no se haya aprobado la Cuenta Pública, tiene que discutirse en el pleno y la razón es dar un plazo de 90 días para hacer una mejora y todos los detalles que han surgido tanto por entes estatales o municipales se puedan subsanar” añadió.
Faranoni Magaña abundó que el objetivo “es hacer una mejor cuenta”, sin el ánimo de politizar con montos “estrepitosos o multimillonarios”, los cuales generalmente no resultan en ninguna responsabilidad para nadie.
“Ahora se trata de hacer una Cuenta Pública correcta, sensata y que, si es un peso, si son mil millones, esté bien hecho, bien fundamentado y si hay un daño a la hacienda pública se demuestre y quien deba tener responsabilidades se tomen y se dictaminen”, añadió.
El presidente de la Comisión de Vigilancia confirmó que el dictamen ya fue votado por los integrantes del órgano y la presidencia de la Mesa Directiva definirá la fecha para su discusión, la cual debe de ser antes de que concluya el mes de octubre conforme lo marca la Ley de Fiscalización.
“El caso es mejorarla; todo es con la intención de mejorar. Si tuviéramos la idea de que esto va a empeorar las cosas en lugar de mejorarles no lo hubiéramos hecho; todo es con la intención de mejorarla y por eso damos más tiempo”, sostuvo.
Faranoni Magaña negó que existan divisiones al interior de la bancada y de la Comisión de Vigilancia, puesto que su intención como presidente es generar un trabajo exhaustivo que no genere quejas entre las diferentes bancadas.
Los diputados determinaron que en la nueva valoración el Orfis deberá trabajar con las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2021.
Además, deberá emitir los correspondientes Informes Individuales e Informe General Ejecutivo que deberán remitir a la Comisión Permanente de Vigilancia para que, en los 15 días hábiles siguientes a su entrega, se elabore el dictamen correspondiente para su discusión y, en su caso, aprobación del Pleno.
Los diputados consideran que el órgano no pudo evaluar efectivamente los resultados de la gestión financiera de dichos entes fiscalizables, menos aún comprobar si se ajustaron a los criterios señalados por el presupuesto, ni verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, razón por la que se enfatiza la necesidad de una nueva revisión exhaustiva.
Igualmente, la Comisión consideró que algunas observaciones que se notificaron, al tenor de las normas vigentes y de los procesos establecidos por la fiscalización superior; y la utilización de recursos, conforme a la lógica y en concordancia con otros entes y órganos, no concuerdan ni el monto, ni los criterios con los que fueron fiscalizados.
En el dictamen establecieron que se encontraron ponderaciones y metodologías “poco claras y convincentes”, aparte de que en algunos casos de entes en donde existía conocimiento de denuncias ciudadanas o de alguna autoridad, el porcentaje de los recursos auditados apenas sobrepasó el cincuenta por ciento del total, sin que se tenga información sobre el resto de los recursos.
Además, advierten que el porcentaje de las obras auditadas fue menor, lo que demostraría que no se realizó una auditoria eficiente respecto al uso de los recursos públicos; que se realizaron procesos de baja de bienes que, aún y cuando habrían sido ilegales, no se consideraron daño patrimonial a la hacienda pública, por ello resultaría lógico presumir que el total del informe pudiera resultar inexacto, e incluso, minimizado frente a un posible daño a la hacienda pública.
Respecto a los dictámenes de las entregas-recepción que fueron proporcionados a la Legislatura por las autoridades municipales entrantes, de donde se advierten presuntos daños patrimoniales millonarios, los cuales presumiblemente no fueron considerados dentro de la muestra auditable, se desestimó la relevancia de dichos procesos en los informes.
Finalmente, según el documento, tampoco se encontraron acciones de coordinación entre el Orfis y la Auditoría Superior de la Federación en temas vinculados con la fiscalización de fondos federales, tomando en cuenta que todos los entes fiscalizables cuentan en sus ingresos públicos con una cantidad considerable de fondos federales identificados al momento de realizar los informes, sin que, dentro de los estos, se encuentre el convenio de referencia ni tampoco los razonamientos que realizó el Órgano para poder realizar a fiscalización a estos recursos.
“En suma, esto permite deducir que el proceso resulta deficiente en cuanto a la seguridad y certeza jurídica de los actos realizados, hecho que en un futuro pone en riesgo no sólo la legalidad de los informes, sino hasta las acciones consecuentes que resulten de intentar recuperar los montos señalados en cada uno de ellos, que como se mencionó, resultan una cuestión concatenada y en conjunto, debiendo entonces, reforzar dicha cuestión a fin de permitir un dispositivo que al ejecutarlo, permita recuperar la totalidad de lo señalado como daño patrimonial y llevar a cabo los procesos necesarios en el caso de las faltas administrativas, teniendo así el resultado esperado del proceso de fiscalización superior y un efecto de beneficio y bienestar social para las y los veracruzanos”, agrega el dictamen.