Coatzacoalcos - Minatitlán - Sur | 2021-09-22 | Julio Escobar
Desde hace una semana, iniciaron los trabajos de rehabilitación y adecuación de las que en su momento fungieron como instalaciones del Juzgado Décimocuarto en materia familiar, para dar lugar a los juzgados laborales.
Lo anterior, causo molestia e indignación entre los abogados de Coatzacoalcos y la zona sur de Veracruz, toda vez que las autoridades judiciales alegaron falta de recursos e incluso poca carga de trabajo para cerrar 29 juzgados, entre ellos dos en esta ciudad.
Sin embargo, expusieron que hubo un reciclaje de oficinas para cumplir a marchas forzadas con la reforma laboral, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), abrió un expediente, así como quejas administrativas por desvío de recursos.
La queja fue tramitada por los abogados de Coatzacoalcos Fausto Vicente Torres Pérez, Consuelo Valentín Jiménez y Yessica Sagrario Palafox Torres en julio pasado, en tanto la directora del organismo, Ana Lilia Ríos Reyes, confirmó que fue abierto el expediente DOQ/0241/2021 y adelantó que se pedirán informes a las autoridades señaladas.
"Se han iniciado las investigaciones correspondientes con relación a su asunto, haciéndoles saber que el número de expediente es DOQ/0241/2021, por lo que se solicitarán informes a los servidores públicos presuntamente responsables", señaló la funcionaria.
El cierre de los 29 juzgados fue aprobado por el Pleno de la Judicatura el 24 de junio, en su escrito, los abogados acusaron que fue algo unilateral, subjetivo, alejado de la realidad, al vapor, sin análisis ni consenso de los justiciables, es decir, la población o los abogados.
Además, consideraron es una medida discriminatoria que abona a la corrupción, el tortuguismo e impide el acceso a una justicia pronta y expedita, ya que aumenta la carga de trabajo en los juzgados y afecta los ingresos de los litigantes.
Tan solo la semana pasada fue interpuesta una queja administrativa en contra de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del Pleno del Consejo de la Judicatura y de la Dirección de Administración por presunto desvío de recursos, en la que los abogados porteños cuestionan las múltiples irregularidades financieras del Poder Judicial del Estado y sus consecuencias no solo para ellos sino la población en general.