Xalapa | 2021-09-26 | Bibiana Varela
“Si algo me pasa, te encargo a mi hija”, le dijo Alexander a su madre. Era como si una corazonada le advirtiera lo que estaba a punto de suceder ese 5 de diciembre de 2014, cuando hombres armados custodiados por militares lo sacaron de su casa.
Aquel viernes, el joven, de entonces 22 años, comía con su madre Ana Lilia López Ortiz y su familia, cuando de pronto, un grupo de aproximadamente 20 personas con chalecos antibalas y armas de fuego irrumpió en su vivienda, ubicada en el municipio de Amatlán de los Reyes.
-¡Al suelo! ¡Al suelo!- gritaron los pistoleros.
-¡¿Dónde está Alberto Figueroa?!
-¡No está!- contestó Ana Lilia aterrada.
Los hombres amarraron a cada una de las personas que se encontraban en la casa, incluyendo a dos adultos mayores de entre 80 y 90 años de edad, y posteriormente comenzaron a revisar sus credenciales de elector, hasta que llegaron a Alexander.
Al ver que su apellido coincidía con el de su padre, los presuntos sicarios comenzaron a golpearlo, hasta que finalmente lo sacaron del domicilio, lo subieron a una camioneta y se lo llevaron con rumbo desconocido.
Desde ese momento, no volvieron a saber de él.
El caso de Alexander se suma a la larga lista de víctimas de desaparición forzada durante el periodo del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
Datos de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad revelaron que, en el gobierno duartista, más de 200 personas fueron víctimas de este delito, donde se presume la participación de militares y policías al mando del entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.
De acuerdo con Ana Lilia, a los cinco minutos de que se llevaron a su hijo llegaron varios militares preguntando por su esposo. La angustiada madre rápidamente les informó lo que había ocurrido y pidió su ayuda; sin embargo, estos simplemente se fueron.
“Yo les indiqué hacia dónde se habían llevado a mi hijo y, en lugar de irse hacia donde les indiqué, se quedaron afuera de mi casa y se fueron para el lado contrario”, señaló.
Ana Lilia supo entonces que esto no era un simple secuestro, pues todo había sido preparado en colusión con las autoridades e, incluso, el mismo Gobierno.
“Los militares estaban en la entrada y la salida del pueblo; a mi casa no entraron delincuentes, a mi casa entraron autoridades. Para que se llevara a efecto el operativo, tuvo que haber estado enterado él (Javier Duarte); él permitió ese operativo y lo que sucedió con mi hijo”, acusó.
A casi siete años de la desaparición forzada de Alexander Figueroa, el caso continúa impune y las autoridades no han dado con él.
Ana Lilia interpuso la denuncia correspondiente y, tres días después, el 8 de diciembre, acudió a solicitar el apoyo del entonces fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, quien únicamente le dio largas.
“A él, junto con (Jorge Arturo Rodríguez) Pucheta, que entonces estaba en la UECS, yo le pedí ayuda; me dijo ‘se va a hacer cargo él y de inmediato les darán la atención’, pero el 5 de febrero (de 2015) nos llamó el licenciado Pucheta y nos dijo que no podían iniciar la investigación hasta que se hiciera una declaración”, relató.
Hasta ese momento, dos meses después de los hechos, la Fiscalía estatal inició la investigación por el caso de su hijo y en abril de 2015 tomó las huellas dactilares en el domicilio.
Posteriormente, el caso fue turnado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), debido a la presunta participación de los militares; sin embargo, tampoco hubo avances, por lo que el mes pasado el caso fue tomado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Debido a la lentitud de las autoridades, Ana Lilia recurrió al colectivo Madres Luna, con el que ha realizado búsqueda en vida, en diferentes penales del estado y el país… pero también en fosas clandestinas.
“Recorrimos todo completo el estado de Veracruz, fuimos al penal de Guadalajara, fuimos al penal de Monterrey, fuimos al penal de Puerto Vallarta y fuimos al penal de Puebla, para ver si se encontraba detenido; ahorita lo sigo buscando y lo seguiré buscando hasta el último día de mi vida”, dijo con un gesto de esperanza en el rostro.
Actualmente, se encuentran buscando en fosas clandestinas encontradas en los municipios de Córdoba y Omealca, sin indicios que la lleven a su hijo.
Crecen las cifras
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, en México la cifra de desaparecidos, denunciados del 15 de marzo de 1964 al 30 de agosto de 2021, asciende a 91 mil 327.
Veracruz es uno de los cinco estados con mayor índice de personas desaparecidas, con 5 mil 453 casos, solo debajo de Jalisco, con 13 mil 802; Tamaulipas, con 11 mil 550; estado de México, que registra 9 mil 817, y Nuevo León, con 5 mil 567.
El informe semestral sobre Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas reveló que, tan solo de diciembre de 2018 a la fecha, se ha reportado la desaparición de 21 mil 546 personas, de las cuales, 28 mil 035 han sido localizadas.
Asimismo, en este mismo periodo, 2 mil 035 cuerpos han sido exhumados de fosas clandestinas y mil 153 ya fueron identificados.
En el país, un gran número de militares y policías han sido involucrados en casos de desaparición forzada; sin embargo, son muy pocos los que han sido llevados ante la justicia.
La detención más reciente -la más grande en los últimos años- ocurrió el pasado 9 de abril de este año, en Tamaulipas, cuando 30 militares de la Secretaría de Marina Armada de México fueron entregados a la Fiscalía General de la República, para ser investigados por su presunta participación en este delito.
Pese a tener solo dos años de haber sido creada, la Guardia Nacional también acumula quejas por presuntas violaciones de derechos humanos.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) existen 451 expedientes de quejas en contra de la Guardia Nacional, de las cuales, ocho son por privaciones de la vida, cuatro por desaparición forzada, 14 por tortura, 77 por trato cruel, inhumano o degradante y 151 por detención arbitraria.
“Ya no más desaparecidos, por favor… estamos muertas en vida”, suplicó Ana Lilia al Gobierno.
Con lágrimas en los ojos, pidió a la Fiscalía General de la República que agilice las investigaciones y que den con el paradero de su hijo, para así terminar con el infierno que la ha consumido desde hace siete años.
“Si yo ya hubiera encontrado los restos de mi hijo, estaría con mucho dolor, pero sabría dónde llorarle (…) Lo he extrañado cada día, cada minuto, cada momento, cada noche… mientras yo lo nombre, jamás va a ser olvidado”.