Xalapa | 2023-05-22
En un tenso enfrentamiento entre el Gobierno Federal y Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México, se desató una batalla por el control del tramo de vías Coatzacoalcos-Medias Aguas, en el estado de Veracruz.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, denunció un abuso por parte de la empresa y se negó a aceptar un pago de 9,500 millones de pesos propuesto por Larrea a cambio de la recuperación de dichas vías en Veracruz.
El mandatario mexicano dijo este lunes en su rueda de prensa matutina que la concesión otorgada a Grupo México no equivale a una expropiación, sino a la recuperación de un bien que pertenece a la nación.
López Obrador sostuvo que, por razones de seguridad nacional e interés público, el control de la vía debe retornar al Gobierno.
Aunque asegura que los trenes de la empresa seguirán transitando por la zona, el jefe del Ejecutivo busca una resolución justa y espera que el proceso se desarrolle en buenos términos.
Sin embargo, la disputa ferroviaria no es el único frente abierto para Larrea y Grupo México. El magnate minero se encuentra inmerso en una operación para adquirir Banamex a Citigroup.
López Obrador aclaró que este tema no guarda relación con el conflicto ferroviario y establece cuatro condiciones fundamentales para apoyar dicha adquisición: que el capital sea mayoritariamente mexicano, que la empresa esté al corriente en el pago de impuestos, que el patrimonio cultural de Banamex permanezca en México y que se cumpla con las obligaciones fiscales correspondientes. El presidente expuso que no se trata de un pleito personal con Larrea, sino de velar por el interés público y la justicia.
En un intento por salvaguardar sus proyectos de desarrollo, el Gobierno mexicano ha firmado un acuerdo para declarar obras como el Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec como de seguridad nacional e interés público. Esta medida busca evitar obstáculos legales que podrían detener el avance de estas importantes iniciativas. López Obrador defendió la declaración, argumentando que la región sureste de México es de utilidad pública y beneficiará a la sociedad en esa región.