Xalapa | 2022-02-16 | Imagen del Golfo
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La Comisión sesionó para desahogar la queja del Partido Acción Nacional en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y las y los Gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. El instituto político se quejó por el comunicado conjunto de las y los gobernadores de la Cuarta Transformación en apoyo al Presidente de la República en el contexto del actual proceso de Revocación de Mandato, identificado, y pidió se dictara tutela preventiva para que las personas servidoras públicas denunciadas se abstuvieran de realizar conductas similares en el futuro.
“El INE acordará ordenar a las personas titulares del Poder Ejecutivo Local denunciadas que, de inmediato y en un plazo que no podrá exceder de tres horas, realizar las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar la publicación denunciada de sus redes sociales”, reza un comunicado del instituto emitido este miércoles por la mañana.
Los integrantes de la comisión determinaron que los gobernadores difundieron propaganda cuando se encontró el proceso de prohibición, que inició el 4 de febrero y concluyó hasta la realización de la consulta el 10 de abril.
El pasado 13 de febrero, los gobernadores emanados de Morena, así como Ricardo Gaona, de San Luis Potosí, quien ganó por el Partido Verde, partido aliado a la cuarta transformación, difundieron en redes sociales el desplegado mediante el cual expresan su respaldo frente a una campaña contra el Ejecutivo, mediante “ataques”, que “tienen origen en grupos económicos que perdieron privilegios y que se oponen a una reforma eléctrica que beneficie a la nación”.
En su conferencia del 14 de febrero, el Presidente López Obrador agradeció dicho pronunciamiento.
La Comisión de Quejas “advirtió que estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia incluso de los principios constitucionales sobre los que se desarrolla el proceso de revocación de mandato, de manera particular, de vigilar a las personas servidoras públicas quienes deben tener un especial deber de cuidado respecto de las expresiones que emiten, de manera individual o conjunta”, se detalla en el comunicado.