Xalapa | 2023-03-27
La magistrada presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Jiménez Aguirre dio a conocer que en este momento existen 100 procedimientos administrativos sancionatorios en contra de igual número de jueces a lo largo del territorio estatal.
Aclaró que ello no implica que todos hayan cometido alguna irregularidad, pues precisamente se están integrando por parte del Consejo de la Judicatura.
La dilación en los procedimientos procesales, así como no emitir los acuerdos oportunamente, son las principales quejas de los justiciables.
Dijo que estos 100 casos contra jueces corresponden al año 2022, así como en los meses del presente año, y en cada uno se está analizando la responsabilidad de los jueces, independientemente de que pudiera derivar una sanción de índole penal.
En ese sentido, confirmó que un juez de control con sede en Coatzacoalcos fue detenido la semana pasada, emanado de una carpeta de investigación integrada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Incluso derivado de dicho procedimiento ya se obtuvo un auto de vinculación a proceso, hecho que debe dejar en claro que no habrá impunidad, ni se tolerará la corrupción al interior del Poder Judicial.
“Que quede muy claro, no vamos a encubrir a nadie, esto ha cambiado y no vamos a tolerar la corrupción, por lo que se procederá ya sea por la vía penal por parte de la Fiscalía, o por la administrativa desde el Consejo de la Judicatura”, expresó.
Pidió a las personas que sean víctimas o conozcan de casos de corrupción dentro del Poder Judicial que los denuncien ante la Fiscalía o acudan ante ella para hacerlo de su conocimiento.
En otro tema, la magistrada presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Jiménez Aguirre comentó que se ha instruido que todas las audiencias sean públicas, conforme a la ley y sus limitaciones.
Indicó que superada la pandemia, el covid ya no puede ser usado como una excusa para no permitir que sean públicas las audiencias, y en ese sentido permitir el ingreso a los medios de comunicación.
Sin embargo, reconoció que en algunos casos donde se analizan temas como delitos de secuestro o violación se protege a las víctimas o en cualquier otro delito, y en protección a ellos se hacen parcialmente públicas.