Xalapa | 2022-05-22 | Jesús Ruíz
El Colectivo Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas se manifestó afuera de los juzgados de las Salas de Juicios Orales en Pacho Viejo para exigir justicia en torno a un caso de desaparición forzada en el municipio de Actopan.
Este domingo explicaron que se celebrará una audiencia de vinculación a proceso contra un exelemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detenido por la desaparición forzada de 5 jóvenes entre los municipios de Actopan y Xalapa en 2013.
“Comprobar la desaparición forzada es bien difícil (…), el mismo gobierno proteger y elimina las pruebas; logramos tener pruebas que demuestran la intervención de jóvenes”, señaló María Elena Gutiérrez, vocera del colectivo.
Cabe recordar que de acuerdo con la información con la que cuentan las familias de los jóvenes, estos fueron detenidos por la autoridad encargada de la prevención del delito, sin embargo, aunque tenían que ser llevadas inicialmente al cuartel de San José, no se reportó su ingreso ni su presentación ante autoridad distinta.
Dos de los jóvenes desaparecidos el 23 de noviembre de 2013 son identificados José Manuel Hernández Ortiz y Julián Rosado Domínguez, en tanto que los tres restantes no se ha revelado la identidad.
“Es la época de Duarte; hay muchos casos de la época de Duarte, de Fidel Herrera, antes en Xalapa no se sabía de desapariciones y menos de desapariciones forzadas (…). No se acabaron con Yunes, en el periodo de Yunes también hubo desapariciones y ahora nos damos cuenta que las desapariciones forzadas sigue”, añadió
Por las presiones que ejercieron los colectivos, se logró que la Fiscalía General del Estado (FGE) ejercitara acción penal contra el elemento aun activo dentro de las filas de Seguridad Pública, el pasado 17 de mayo.
Este domingo, al cumplirse el plazo para resolver la situación jurídica del imputado y determinar si ha lugar o no a seguirle un proceso, los colectivos se apostaron con lonas y pancartas exigiendo la aplicación de la ley contra el elemento.
Apenas el 18 de mayo, el colectivo recriminaba en un posicionamiento público que las familias de las víctimas han vivido el ocultamiento de información por parte de diversas instancias y la falta de credibilidad de parte de las autoridades.
“Lo que se ha traducido en que, tras nueve años, apenas se pueda tener un acceso mínimo a la justicia, que las garantías que deben estar dispuestas para las víctimas lleguen de manera tardía e inoportuna para la situación que han tenido que atravesar sus familiares.
“Más aun, la demostración de intervención de elementos del Estado en la desaparición recayó durante al menos cuatro años sobre las familias, siendo estas quienes con su persistencia lograron acreditar que se trató de un operativo oficial del cual se guardó registro pero que fue ocultado hasta las autoridades investigadoras, inclusive se ocultó la participación de elementos federales de seguridad”, señala el texto.