Xalapa | 2020-12-03 | Leticia Cruz
Por el caso de Ernestina Ascencio, muerta en febrero de 2007, el Estado Mexicano comparecerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Kalli Luz Marina y Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM), informaron que la comparecencia del Estado Mexicano es este 4 de diciembre.
Mediante comunicado de prensa, las citadas organizaciones refirieron que “hace 13 años, el 25 de febrero de 2007, doña Ernestina Ascencio fue encontrada por su hija tirada en el monte donde llevó a pastar a sus ovejas, cerca de un campamento del Ejército mexicano, en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz. Al preguntarle lo que le había sucedido, doña Ernestina, en su lengua náhuatl, respondió: “los soldados se me echaron encima, mi hija. Me duele la cadera”.
Asimismo, expusieron que “doña Ernestina no recibió atención médica oportuna. Falleció en la madrugada del día siguiente. Los primeros hallazgos médicos evidenciaron la existencia de violencia sexual, lo que motivó el inicio de una investigación en la Agencia del Ministerio Público Especializada en delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la familia en la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz (PGJ)”.
En sus primeras declaraciones, detallaron en el boletín de prensa, “representantes del entonces gobierno de Veracruz, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), condenaron el crimen, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) manifestó públicamente que los agresores pertenecían a grupos que pretendían desprestigiar al ejército. Sin embargo, antes de que concluyeran las investigaciones, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, adelantó la conclusión del caso, en el sentido de que la señora Ernestina murió de “gastritis crónica,” la cual fue secundada por la CNDH, la SEDENA y la PGJ de Veracruz, dando lugar al cierre y archivo de la investigación”.
La conclusión del caso causó indignación entre la sociedad civil organizada, por lo que solicitaron acceso a las constancias del expediente de investigación e interpusieron los recursos legales procedentes por ocultamiento de información por parte de las entonces autoridades veracruzanas. Ante ello, en 2012, las organizaciones civiles presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A finales del año 2017, la CIDH admitió el caso, el cual se encuentra ahora en la etapa de análisis sobre el fondo de los hechos denunciados que le llevará a determinar la responsabilidad del Estado mexicano y este viernes 4 de diciembre de 2020, a las 13 horas tiempo de México, se llevará a cabo de manera virtual, una audiencia pública convocada por la CIDH, en ésta, la Comisión Interamericana escuchará tanto a las organizaciones peticionarias en el caso, como a la representación del Estado.