Xalapa | 2021-11-20 | Leticia Cruz
Cifras de instituciones como INEGI revelan que de los 36.6 millones de hogares que existen en México,el 56.9% tienen algún tipo de deuda, expuso la representante legal de Barzón Resistencia Civil A.C. en Veracruz, Teresa Carbajal.
Refirió que dicho porcentaje se compone por un 11.6% de hogares que presentan una deuda hipotecaria ya sea porque deben la vivienda, el local, el terreno, o la oficina; y un 53.8% que tienen una deuda no hipotecaria como su tarjeta de crédito, algún crédito de nómina, personal, grupal, comunal, solidario, caja de ahorro, empeño, agiotista, prestamista, o con familiares.
El monto promedio de una deuda hipotecaria es de 250 mil pesos, mientras que el de una deuda no hipotecaria es de 10 mil pesos.
Teresa Carbajal detalló que los datos son arrojados por la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en colaboración con el Banco de México (BANXICO).
“Si seguimos haciendo cuentas, con los datos que nos da el INEGI en la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019, que es de donde se obtienen las cifras en comento, respecto a los hogares que tienen deudas no hipotecarias, el porcentaje más alto es para tarjetas de crédito, pues el 60.2% de los hogares endeudados lo están con su plástico”.
Hay sueldos e incluso ingresos futuros comprometidos para deudas, en muchas familias mexicanas, alertó la representante legal de Barzón Resistencia Civil en Veracruz.
“Vale la pena reflexionar sobre el hecho del por qué estamos tan endeudados, porque en sí, el problema no es deber. El problema deviene de las condiciones en que se otorga y recibe un crédito, es decir, los créditos abusivos que hunden y desde siempre ha hundido a la clase media”.
Al llamar a la reflexión, Teresa Carbajal deploró que “las tasas de interés que pagamos los mexicanos por un crédito, son excesivamente abusivas”.
Ante ello, exhortó a las autoridades gubernamentales y, de manera especial a las y los legisladores, a regular de manera apropiada y “meter en cintura a la banca usurera que durante años se ha beneficiado de la explotación de sus clientes, cobrándoles altos intereses por mínimos préstamos”.