Papantla | 2022-05-04 | José Martín
"¡Queremos justicia!", gritaron a coro habitantes de la comunidad de Polutla al llegar a la Secretaría del Bienestar en Papantla para exigir que se esclarezca el presunto desvío de recursos del programa La Escuela Es Nuestra, con el que pretendían remodelar los salones del preescolar bilingüe “Benito Juárez”.
Los pobladores se plantaron frente a la delegación regional ubicada entre las calles Mariano Matamoros con Bustamante del Barrio del Zapote.
Acusaron que, en complicidad y por omisión de Diana Itzel García Muñoz, una de las Servidoras de la Nación, la tesorera del comité de padres de familia, Carolina Santiago Bautista, se quedó con 200 mil pesos que recibió el plantel, y todavía dejó una deuda de cerca de 90 mil pesos por concepto de salarios y materiales de construcción.
Desde hace un año los padres de familia debieron ejercer el recurso para mejorar la infraestructura del plantel; sin embargo, con el pretexto de la pandemia les habían parado los trámites y proyectos.
Fue hasta que les exigieron la comprobación del uso del dinero, al pretender ejercerlos, la cuenta bancaria estaba en ceros.
La tesorera del comité, Carolina Santiago, no les da explicaciones sobre el paradero de los 200 mil pesos, y tampoco se hizo responsable de los adeudos por los materiales para concluir la loza y reconstrucción de las paredes de dos aulas que desmantelaron para acondicionarlas, además de los honorarios.
Presuntamente, los pobladores poseen audios donde la tesorera habría confesado que se “gastó” el dinero, otorgando préstamos personales a sus amistades.
Por esa situación, los 46 alumnos del preescolar bilingüe Benito Juárez reciben sus clases a la intemperie, en ocasiones bajo la sombra de un árbol o en el patio.
Ante estos señalamientos, las encargadas de la delegación de la Secretaría de Bienestar de Papantla argumentaron que el caso ya fue reportado y es investigado por las oficinas centrales ubicadas en Xalapa, por lo que exhortaron a los padres de familia a esperar la resolución por parte de las autoridades competentes.
Incluso se aconsejó a los inconformes que, de ser necesario, recurran a la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar el presunto fraude.