Xalapa | 2020-12-27 | Jesús Ruiz
En poco más de tres años de ejercicio, la LXV Legislatura de Veracruz acumula el mayor número de decretos impugnados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De las últimas tres legislaturas en el cargo, la 2018-2021 suma 17 acciones de inconstitucionalidad, y de estos, el máximo tribunal invalidó 15 decretos en tanto 2 continúan en estudio.
En la mayoría de los casos, los promotores de las acciones de inconstitucionalidad son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General de la República o el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Entre las resoluciones del Congreso que recibieron revés de la Corte sobresale la denominada Reforma Electoral, contenida en el decreto 576 con fecha 20 de julio de 2020.
En este, el Poder Legislativo dispuso recorte a las prerrogativas de los partidos, la eliminación de los 212 consejos municipales electorales, y el no someter a consulta ciudadana la revocación del cargo del Gobernador del Estado.
No obstante el pasado 23 de noviembre la Suprema Corte declaró inválido dicho dictamen tras desahogar las acciones de inconstitucionalidad 148, 150, 152, 153, 154, 229, 230 y 252 que presentaron los Partidos Podemos, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Todos por Veracruz y Movimiento Ciudadano.
Al ser abordados en la ponencia del Magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá, la Corte declaró procedentes los recursos de inconstitucionalidad y declaró la invalidez del decreto 576, aprobado por el Legislativo, principalmente, por conferir derechos a los pueblos indígenas sin antes haberse realizado una consulta a estos.
Después, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia igual declaró la inconstitucionalidad de la intervención de la Tesorería del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, dictaminada por el Congreso de Veracruz el pasado 4 de julio.
La Suprema Corte también determinó la inconstitucionalidad de la intervención de la Tesorería de Mixtla, esto, luego de dos meses del feminicidio de la alcaldesa Maricela Vallejo Orea, su chófer y su esposo en un camino del municipio de Los Reyes.
Apenas el pasado 9 de diciembre, el Poder Legislativo recibió un nuevo revés, luego de que la Suprema Corte declaró inválidos las leyes de ingresos 2020 de los 212 municipios, aprobadas previamente por la LXV Legislatura.
Lo anterior, luego de que el máximo tribunal del país determinó que los cobros de los Ayuntamientos a las actas de nacimiento extemporáneas vulneraban el derecho a la identidad de las personas, además de vulnerar el derecho a la información pública.
Comparativamente, la 65 Legislatura es la que más acciones de inconstitucionalidad tiene, después de la LXIII Legislatura (2013-2016) con nueve acciones de inconstitucionalidad promovidas, todas, con sentencias en contra del Congreso, aunque de estas, tres fueron parcialmente fundadas aunque la Corte declaró inválidos los artículos puestos a discusión.