Xalapa | 2022-10-09
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Romero Cruz, dijo que se necesita el aval del Congreso del Estado para cancelar la construcción de las ciudades judiciales que están pendientes.
En caso de no recibir la autorización, señaló, dichos proyectos terminarían por “ahorcar” financieramente al Poder Judicial.
Esta semana el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) observó que la ejecución de una docena de ciudades judiciales está pendiente, sin registrar avances en las obras.
Al respecto, Romero Cruz señaló que, de continuar con los proyectos, el Poder Judicial quedaría “ahorcado”, pero el Congreso del Estado también debe intervenir y hacer la parte que le corresponde.
“Pero yo como presidenta del Tribunal sí quiero que se rescindan los contratos. Ojalá se pueda hacer antes de que concluya mi periodo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia”, agregó.
Los proyectos de las Ciudades Judiciales fueron aprobados por el Congreso en septiembre de 2017, durante la presidencia de Edel Álvarez Peña y durante el bienio del panista, Miguel Ángel Yunes Linares.
“Estamos en eso. Definitivamente lo estamos estudiando muy bien. Tiene que quedar perfectamente bien, no nos puede fallar nada”, acotó.
Cabe recordar que en julio de 2021 la magistrada presidenta pidió al Congreso local una autorización para modificar los contratos de la Asociación Público-Privada para la construcción de las 20 ciudades judiciales.
A través de la correspondencia se dio entrada al oficio 505/2020, remitido 15 de julio de ese año, en el que pide poder cambiar las condiciones por las que se aprobó la construcción de ciudades judiciales. La petición se remitió a las comisiones permanente unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, Procuración de Justicia y Hacienda del Estado
Por su parte, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) exhibió que, al cierre de la Cuenta Pública 2021, existían todavía 12 Ciudades Judiciales que no contaban con avance físico alguno, mientras que las 4 que ya operan han costado 260 millones de pesos al Poder.
De acuerdo con el ORFIS, las 12 Ciudades Judiciales que no presentan avance físico son Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Coatzacoalcos, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama y Álamo Temapache.