Xalapa | 2022-02-22 | Jesús Ruiz
El abogado penalista Tomás Mundo Arriasa confirmó que los defensores harán aportaciones jurídicas con miras a la reforma del delito de ultrajes a la autoridad en el Congreso del Estado.
Al reiterar que el estado de Derecho tiene sus bases en diversos principios constitucionales, siendo uno de ellos las leyes justas, indicó que estás deben ser acordes a los artículos 14 y 16, es decir, que en realidad tengan una relación legislativa entendible y sancione a quien deba sancionar.
“Esa va a ser la propuesta de nosotros. Ahí está incluido el principio de exacta aplicación de la ley, no dejar nada a la interpretación de los policías o de alguien, no. El tipo penal debe quedar claro, que haya una seguridad jurídica para todos”, señaló.
En entrevista, el abogado confirmó que si bien la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es derogar el tipo penal, es necesario recordar la antigua redacción del tipo, no como la actual “que lleva dedicatoria”.
Tomás Mundo recordó que ultrajes a la autoridad no figura en la lista de delitos graves o con prisión preventiva oficiosa, sin embargo tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Verónica Hernández Giadáns, como los jueces del Poder Judicial, a fuerza buscan aplicar las agravantes.
Por ello, sostuvo que habrá encuentros entre abogados para escuchar las aportaciones de todos en torno a la reforma, sin embargo confirmó que esto no frena la intención de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ya se declare la inconstitucionalidad de la norma.
“Y por otro lado vamos a seguir empujando para que el gobierno del Estado informe el tema de la recomendación 146 de la CNDH. Es decir, no sabemos si ya presentó denuncias contra los policías aprehensores, no sabemos si ya la Fiscalía presentó quejas en contra de los policías.
“O sea se le va a dar seguimiento. Eso de asistir al Congreso es una puerta abierta pero seguimos litigando los otros dos temas”, dijo.
Mundo Arriasa adelantó que el Congreso debe cumplir de manera irrestricta la recomendación de la CNDH, es decir, derogar el artículo 331, por lo que no debe excusarse en que la Suprema Corte deba resolver primero el tema de fondo.
Agregó que acudirán igualmente al Senado de la República para pedir la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional, Rosario Ibarra para que informe el avance en el cumplimiento tanto de parte de la FGE como del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, aunque afirmó que ello no ha ocurrido, pues 15 días después de aceptar la recomendación, debía haber sido cumplida, lo que insistió, no ha acontecido.
“Si no cumple, el Senado puede llamar al Gobierno del Estado y la Fiscalía a que explique por qué no han cumplido con la recomendación; está en la ley. Si después de pasar ante el Senado y no cumplen, pueden ser denunciados”, sentenció.
Por otro lado, el penalista confirmó que la fallecida exmagistrada Sofía Martínez Huerta había desistido hace alrededor de ocho meses, de continuar con la denuncia penal que presentó contra diversos actores políticos de los poderes Judicial y Ejecutivo, de este último, específicamente contra Patrocinio Cisneros, secretario de Gobierno, por amenazas.
Ante el sorpresivo fallecimiento de la también exacadémica de la Universidad Veracruzana (UV), Tomás Mundo señaló que ya no tenían relación laboral alguna, por lo que la integración de las pruebas a la carpeta, quedó a medias.
“Dijo que ya no le interesaba continuar con la denuncia penal que yo presenté. Estábamos en esa etapa y de repente dijo que ya no le interesaba continuar y yo terminé mi etapa con ella”, dijo.
Recordó que en todo momento, la exmagistrada que fue inhabilitada por cinco años presuntamente por usurpar funciones encontró resistencia en la Fiscalía General para que su denuncia fuera aceptada y aunque la admitieron, hubo dilación importante.
“Creo que también eso la desanimó a continuar con la carpeta, con la integración. Le afectó mucho ese tema y la saña institucional de que fue víctima le afectó psicológicamente”, lamentó.