| 2025-06-18
La violencia de género, en particular la violencia feminizada, se ha consolidado como un grave problema estructural en México, afectando de manera alarmante todos los niveles de la sociedad, incluso a quienes ostentan cargos públicos y de liderazgo. La reciente noticia sobre el asesinato de dos alcaldesas, una en Oaxaca y otra en Michoacán, ocurridos en un lapso de una semana, pone de manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres en cargos de poder y obliga a reflexionar sobre la crisis de inseguridad y justicia en nuestro país.
Los asesinatos de 2 alcaldesas en México, una de ellas en el estado de Oaxaca, en el municipio de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto. el pasado 16 de junio y el segundo este 17 de junio, en contra de Martha Laura Mendoza Mendoza, presidenta municipal de Tepalcatepec, Michoacán enciende las alertas en nuestro país.
El término "violencia feminizada" hace referencia a las agresiones y homicidios que se cometen contra mujeres por razones de género, muchas veces motivados por el rechazo a su presencia en esferas tradicionalmente dominadas por hombres. En México, los asesinatos de mujeres políticas han ido en aumento, exponiendo la misoginia, la discriminación y la falta de garantías institucionales para su protección. Lo que se conoce también como violencia política en razón de género.
Los recientes asesinatos de alcaldesas; ambos perpetrados con extrema violencia, no solo constituyen delitos graves, sino que envían un mensaje intimidatorio a otras mujeres que aspiran a cargos de representación popular.
La inseguridad que viven las mujeres en el ámbito político evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y de acceso efectivo a la justicia. México enfrenta un preocupante nivel de impunidad en casos de feminicidio y violencia política. El Observatorio Nacional de Feminicidio reporta que solo una mínima parte de los casos logra una sentencia condenatoria, mientras que la mayoría permanece sin esclarecerse.
Si bien existen leyes y protocolos para atender la violencia política de género, su implementación es deficiente y muchas veces reactiva. Las instituciones encargadas de brindar protección recurren a medidas tardías, cuando el daño resulta irreversible, como en los recientes asesinatos de las alcaldesas.
La reiteración de estos hechos demanda una respuesta contundente de todas las instancias gubernamentales y de la sociedad civil. Es imprescindible fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia para investigar estos crímenes con perspectiva de género, garantizar la sanción a los responsables y erradicar la impunidad. Del mismo modo, se requiere promover la igualdad sustantiva y una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres que participan en política.
Resulta fundamental que la sociedad reconozca la aportación y liderazgo de las mujeres en la vida pública del país, así como su derecho a ejercer cargos de poder en condiciones de seguridad y libertad.
El asesinato de mujeres líderes políticas es un síntoma doloroso de la violencia estructural de género que aún pervive en México. Mientras no se tomen medidas integrales y efectivas, tanto por parte del Estado como de la sociedad, la inseguridad y la injusticia seguirán alimentando el temor y la desigualdad, alejando a las mujeres del ejercicio pleno de sus derechos políticos y humanos.
Garantizar justicia para las víctimas y seguridad para las mujeres en el espacio público es una tarea pendiente que exige voluntad política, reformas legales, recursos adecuados y un compromiso profundo con la protección de los derechos humanos.
Solo así será posible construir un México en el que la violencia feminizada no tenga cabida y en el que las mujeres puedan aspirar y ejercer el poder bajo el amparo de la justicia y la equidad.