Veracruz | 2022-04-01 | Raymundo Jiménez
La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías de Ciudad de México y Veracruz están siendo severamente cuestionadas por los presumibles usos personales y facciosos que sus titulares le estarían dando a los órganos autónomos encargados de procurar justicia.
El caso más estridente es el de la FGR, luego del revés que este lunes 28 le dieron los 11 ministros del pleno de la Suprema Corte al fiscal federal Alejandro Gertz Manero, quien abusó de su poder para que encarcelaran a una sobrina política y libraran orden de aprehensión en contra de Laura Morán, viuda de Federico Gertz, de 94 años de edad. A las dos les inventó un delito que no existe por la muerte de su hermano, según el amparo concedido por la SCJN al par de mujeres.
Este caso, por el que Alejandra Cuevas Morán estuvo presa 528 días al fincársele responsabilidad como “garante accesoria” –figura inexistente en derecho penal pero que la Fiscalía General de Justicia de CDMX le imputó y los jueces locales avalaron–, exhibió la complicidad de la Fiscalía capitalina a cargo de Ernestina Godoy, incondicional de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para procesar a la hijastra y a la que fue pareja de Federico Gertz durante 50 años.
Obviamente, la oposición está aprovechando esta coyuntura para golpear políticamente a Sheinbaum, considerada la candidata favorita de López Obrador para sucederlo en la Presidencia de la República en 2024.
Y es que hasta antes del pasado lunes en que por unanimidad los 11 ministros de la Suprema Corte les concedieron el amparo liso y llano a estas dos mujeres, los cuestionamientos estaban dirigidos principalmente al titular de la FGR por su evidente abuso de poder, pero ahora que el pleno del máximo tribunal del país puso al descubierto la inexistencia del delito que se les imputó, las recriminaciones de la opinión pública se han dirigido también a la Fiscalía y al Poder Judicial de la Ciudad de México que, si bien son entes constitucionalmente autónomos, todo mundo sabe que políticamente están subordinados a la Jefa de Gobierno y aspirante presidencial.
A la fiscal Ernestina Godoy, por ejemplo, le están reprochando que no haya actuado de la misma manera en contra de los negligentes funcionarios y constructores implicados en el accidente de la Línea 12 del Metro, que el 3 de mayo de 2021 dejó 26 muertos y cerca de un centenar de heridos.
A Verónica Hernández Giadáns, la fiscal veracruzana del gobernador Cuitláhuac García –el más combativo aliado de Sheinbaum–, también está bajo metralla de grueso calibre. No solamente tenía encima la desintegrada comisión del Senado creada tras la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, José Manuel del Río Virgen, sino que ahora es asediada por el llamado Movimiento por la Justicia, armado por Dante Delgado. Y la CNDH le sigue recetando sendas Recomendaciones por presuntos actos de tortura y violación de derechos humanos de otros procesados, entre ellos los imputados por el inconstitucional delito de ultrajes a la autoridad.