Veracruz | 2022-04-20 | Raymundo Jiménez
La resolución del Juez Primero de Distrito en Veracruz, que dentro del Juicio de Amparo 1063/2021 determinó que la Fiscalía General de la República sí logró acreditar con datos de prueba el presunto delito de peculado que le imputa al exsecretario de Finanzas y Planeación, Tomás “R”, mueve a sospechosa ya que inexplicablemente ninguno de los 12 procesos penales que en total tiene abiertos le fueron iniciados por la Fiscalía General del Estado (FGE) sino que todos son del fuero federal.
En este caso por el que se le confirmó la vinculación a proceso, es entendible ya que se deriva de una denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación por el supuesto desvío de fondos federales destinados al Sector Salud en 2012, cuando Tomás “R” era secretario de Finanzas en la administración duartista.
Sin embargo, lo que llama la atención es que ni el ORFIS ni la FGE hayan procedido también por otros casos de presunto daño patrimonial al erario del estado.
Y es que luego de haber renunciado a la Sefiplan en 2012, Tomás “R” regresó sorpresivamente al gobierno del estado para operar desde la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) la renegociación del título de concesión para la explotación del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos de 37 a 45 años, con una ganancia adicional por tarifas de por lo menos 5 mil millones de pesos para el consorcio operador, con mayoría de acciones de la empresa española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), una firma especializada en infraestructura del transporte hídrico, cuyo socio mayoritario es el magnate mexicano Carlos Slim Helú, actualmente muy cercano al gobierno de la 4T.
Sospechosamente, a este megafraude que involucró a las últimas tres administraciones priistas –las de los exgobernadores Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte–, el exmandatario Miguel Ángel Yunes, del PAN, y su titular de la SIOP, el actual senador Julen Rementería, tampoco le prestaron mucha atención pese a que en junio de 2015 la bancada del PAN en la LXIII Legislatura local, de la que Rementería formó parte, había votado en contra de la renegociación de este título de concesión que originalmente había sido otorgado el 22 de septiembre de 2004 a Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos.
Inclusive, el exdirigente panista Joaquín Guzmán Avilés, como coordinador del grupo legislativo blanquiazul, reprochó en esa ocasión a los diputados del PRI que “lo que están haciendo es un albazo, están tratando de dejar al estado sepultado, sobre todo financieramente quebrado, totalmente”.
Y es que este decreto autorizaba concluir el túnel en un plazo no mayor de 12 meses –a partir de septiembre de 2015– y que la nueva concesionaria aportara los recursos necesarios para la terminación de la obra, alrededor de 600 millones de pesos, una inversión mínima comparada con los recursos que en los últimos diez años le había inyectado el Gobierno del Estado, pues de los 2 mil 066 millones de pesos invertidos inicialmente en 2004 había pasado a 4 mil 913 millones a finales de 2014.