Veracruz | 2024-09-24
El cierre de las válvulas de la presa Yurivia y el consecuente desabasto de agua a miles de personas en Coatzacoalcos es una afrenta directa contra los derechos más básicos de la población.
No se trata solo de una medida de presión política; es un acto que tiene implicaciones sociales y legales de gran envergadura.
Dejar a una ciudad sin acceso a agua potable, en pleno siglo XXI, es inaceptable.
Los responsables no solo están afectando la salud pública y el bienestar de miles de ciudadanos, sino que también están incurriendo en posibles delitos.
El agua es un derecho humano fundamental, reconocido tanto a nivel nacional como internacional.
Negar este recurso vital a una comunidad bajo cualquier circunstancia va más allá de la ética: es una violación de la ley.
En este contexto, el alcalde de Tatahuicapan, al bloquear el suministro de agua con fines de coacción, está cometiendo un delito grave.
No solo vulnera los derechos de los habitantes de Coatzacoalcos, sino que también deja a su propio municipio atrapado en una situación de "encapsulamiento" y parálisis que solo profundiza la crisis social.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ha sido claro: el bloqueo de las válvulas de Yurivia y el cierre del municipio podrían derivar en un proceso de desafuero y destitución del alcalde de Tatahuicapan, Eusebio González Hernández.
La retención ilegal de un recurso esencial como el agua, combinada con el cierre de accesos y la paralización de actividades, coloca a este funcionario público en una posición altamente delicada.
Si se confirma que las actividades de ayer lunes se llevaron a cabo bajo coerción, se estaría violando la ley de manera flagrante, justificando la intervención del Congreso estatal para proceder con su destitución.
No se puede ignorar que el uso de la fuerza y la amenaza para obtener recursos o concesiones se acerca peligrosamente a prácticas extorsivas, más propias de la criminalidad que de una gestión gubernamental responsable.
Los habitantes de Coatzacoalcos no deben ser rehenes de disputas políticas que no les corresponden, y el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a servicios básicos, entre ellos el agua, a toda su población.
Más allá de las implicaciones legales, es importante destacar la falta de ética en las acciones emprendidas por el gobierno de Tatahuicapan. Exigir recursos bajo la amenaza de privar de agua a una ciudad entera es una maniobra inaceptable en un estado de derecho.
Las diferencias entre municipios deben resolverse mediante el diálogo y el respeto mutuo, no por medio del chantaje.
El daño social que este tipo de actos genera es profundo. Miles de personas se ven afectadas, desde quienes dependen del agua para sus actividades cotidianas hasta los sectores productivos de Coatzacoalcos, que ven interrumpidas sus operaciones.
La crisis sanitaria que podría desatarse debido a la falta de agua es solo una de las posibles consecuencias de este irresponsable bloqueo.
En un país donde la corrupción y el mal manejo de recursos son recurrentes, la población ya desconfía de sus autoridades. Acciones como las del alcalde de Tatahuicapan solo refuerzan esta desconfianza y aumentan la indignación social.
El agua es un bien común, y utilizarla como moneda de cambio no solo es inmoral, sino que traiciona los principios fundamentales del servicio público.
Las autoridades estatales y federales deben actuar de inmediato para resolver este conflicto y garantizar que no se repitan situaciones similares en el futuro.
El acceso al agua no puede ser negociado bajo presión ni condicionado a demandas que, por más legítimas que puedan ser, nunca deben justificar la violación de los derechos de otros. El tiempo corre, y la ciudadanía espera justicia.
El conflicto por el cierre de la presa Yuribia ha escalado a niveles insostenibles para Coatzacoalcos.
El alcalde Amado Cruz Malpica ha sido enfático en señalar que el Ayuntamiento ha cumplido con todos los compromisos adquiridos con los pobladores de Tatahuicapan.
Sin embargo, el bloqueo indebido del suministro de agua priva a miles de ciudadanos de un recurso esencial, afectando hospitales y zonas vulnerables.
La detención ilegal del director de Gobernación, Andrés Rosaldo García, y el cierre de las válvulas representan no solo una violación a los derechos de los habitantes, sino también una afrenta a la legalidad.
Ayer por la tarde se avanzaba poco en el tema.
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