Veracruz | 2024-01-05
Aunque la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedarpa) pretenda generar la impresión de que la visita de la representación del organismo de agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) no puso en riesgo el estatus zoosanitario del estado de Veracruz, los resultados muestran lo contrario.
La delegación estadunidense confirmó que los puntos de inspección no contaban con personal capacitado para desarrollar sus funciones y, por esa razón, perdieron su certificación para operar como Puntos Itinerantes y Puntos de Verificación Interna.
¿La razón? Que no entregaron en tiempo y forma los informes al Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) organismo encargado de otorgar la certificación para que los puntos de inspección realicen actos de autoridad.
Lo cierto es que las autoridades estatales dejaron la visita de la delegación de Estados Unidos en manos de gente sin experiencia. Quizá pensaron que la visita sería “entre cuates” y que no se enterarían de las divisiones que existen entre el Comité de Fomento y Protección Pecuaria y la Sedarpa.
Sin embargo, tan enterados están. que conocen a detalle la Ley Ganadera que intentó imponer el gobierno de Cuitláhuac García, con el propósito de recaudar recursos y que fue echada abajo por la justicia federal.
La necedad de no aplicar la Ley Ganadera vigente provocó que no se ejercieran actos de autoridad para el control en la movilización animal, de productos y subproductos pecuarios.
Como alguien tenía que pagar “los platos rotos”, fue a los coordinadores a los que despidieron, pues los culparon del fracaso en sanidad y movilización animal en Veracruz.
El gobernador Cuitláhuac García sabe que los verdaderos responsables de estos pésimos resultados son su amigo Humberto Amador Zaragoza, subsecretario de Ganadería y el titular del ramo, Evaristo Ovando Ramírez. ¿Habrá sanciones?
La participación en los procesos electorales del sistema estatal (“estatal” y, por lo tanto, público) de radio y televisión está regido por la ley, no responde a “ocurrencias” o decisiones arbitrarias del titular del Poder Ejecutivo.
El artículo 41, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: “El Instituto Nacional Electoral (INE) será autoridad única (sí, única) para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos”.
El artículo 160 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone: “El Instituto (INE) es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas y derechos que la Constitución y esta Ley otorgan a los partidos políticos y candidatos independientes en esta materia”.
Y agrega:
“El Instituto (INE) garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión; establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinará, en su caso, las sanciones”.
También considera la posibilidad de que se utilice como pretexto la libertad de expresión.
“El Consejo General aprobará, a más tardar el 20 de agosto del año anterior al de la elección, los lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se recomienden a los noticieros respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de los candidatos independientes”.
No es, pues, el gobernador del estado, el facultado para decidir cuándo puede la televisora estatal (“pública”, que recibe recursos públicos de la Federación y el Estado), difundir eventos de carácter electoral.
Eso no se justifica ni diciendo que “todos los candidatos tienen acceso a los mismos espacios”, pues no es la administración estatal la que define el acceso a dichos espacios, sino el órgano electoral.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) emitió una “guía de prevención” para detectar esos ilícitos, y ahí incluye que comete un delito electoral quien “destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado”.
Además, aquel que “proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores”.
La transmisión especial, en vivo, del mitin de inicio de campaña de la precandidata Rocío Nahle, por parte de Radio y Televisión de Veracruz (RTV) es un delito y el órgano local electoral (OPLE), lo mismo que el INE, deberán sancionar y turnar el expediente a la Fepade para iniciar, por la vía judicial, las acciones que correspondan.
Así de simple.
Con mucho tino, el precandidato del frente opositor, Pepe Yunes, denunció este jueves que Veracruz es una de las dos entidades que mayor retraso tuvieron en materia de generación de empleos tras la pandemia de Covid-19.
Durante una reunión con empresarios de Veracruz y Boca del Río, Pepe Yunes resaltó que a tres años de la pandemia apenas se están recuperando las fuentes de empleo y eso, en gran medida, obedece al poco apoyo económico del gobierno federal para la entidad.
“Veracruz no es prioridad del gobierno federal, por lo menos en materia presupuestal y las condiciones económicas del estado de Veracruz no son las que merecemos los veracruzanos, hay todavía escasa formación de empleos formales; apenas estamos alcanzando los niveles que se tenían antes de la pandemia”.
Por su parte, organizaciones civiles que conforman el movimiento “Redes Ciudadanas” se pronunciaron a favor de Pepe Yunes y de Xóchitl Gálvez y anunciaron que serán vigilantes del proceso electoral para que no se cometa una “elección de Estado”.
Sergio López Contreras, vocero de los organismos ciudadanos, dijo que lo que está en juego en las elecciones del 2 de junio es el futuro del estado y del país por lo que, como simpatizantes de la coalición Fuerza y Corazón por México y por Veracruz, serán la cuarta columna de apoyo en el proceso electoral.
filivargas@gmail.com