| 2024-06-18
Recientemente, la Comisión Permanente del Congreso de Guerrero ha presentado una iniciativa que podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la extorsión en México.
La propuesta busca reformar el artículo 19 de la Constitución para incluir la extorsión en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, una medida que, de ser aprobada, impondría la detención automática a los acusados mientras se lleva a cabo el proceso penal.
La relevancia de esta iniciativa no puede subestimarse. La extorsión es un flagelo que ha permeado todos los niveles de la sociedad mexicana, afectando particularmente a los comerciantes y pequeños empresarios.
Estos sectores son especialmente vulnerables debido a los daños psicológicos y físicos que provoca este delito, además del miedo constante a perder sus bienes o ahorros.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la extorsión es uno de los delitos más frecuentes en México, con una tasa de incidencia que ha alcanzado los 5,134 casos por cada 100,000 habitantes.
De estos, un alarmante 88.9% se cometen por vía telefónica, una modalidad que ha mostrado un incremento sostenido en los últimos años.
En febrero de este año, se reportaron 74 casos de extorsión en Veracruz, colocando al estado en el sexto lugar a nivel nacional en cuanto a este delito.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reportó que el delito de extorsión cuesta a las empresas 120 millones de pesos de enero a abril de este año, con un promedio de 31 casos diarios.
A nivel nacional, la extorsión y el robo le cuestan a las empresas unos $6,800 millones al año, lo que equivale al 0.67% del PIB de México.
Uno de los aspectos más preocupantes es la altísima cifra de extorsiones no denunciadas, que asciende al 97%.
La desconfianza en las autoridades, el miedo a represalias y la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo son las principales razones de esta situación. Este clima de impunidad y desprotección no solo socava la confianza en el sistema judicial, sino que también perpetúa el ciclo de violencia y extorsión.
El Congreso del Estado de Guerrero argumenta acertadamente que la inclusión de la extorsión en los delitos que merecen prisión preventiva es crucial.
Los grupos delictivos utilizan la extorsión telefónica para amenazas de secuestro y otras formas de coerción, prácticas que muchas veces se enmarcan en el "cobro de derecho de piso" o "cobro de protección". La detención preventiva de los acusados no solo protegería a las víctimas y testigos, sino que también respondería a una demanda social de justicia más efectiva.
Es imperativo que los acusados de extorsión no vuelvan a las calles mientras se les procesa judicialmente. La libertad de estos individuos representa un grave peligro para la sociedad, y su reincidencia tras ser liberados convierte a los Ministerios Públicos y Juzgados Penales en meras "puertas giratorias". Esta percepción de impunidad solo agrava la crisis de seguridad que enfrenta el país.
La iniciativa del Congreso de Guerrero, respaldada por el artículo 71 de la Constitución Política, que permite a las legislaturas estatales proponer reformas, es una respuesta necesaria y urgente a una de las formas de delincuencia más insidiosas y destructivas.
La prisión preventiva para los acusados de extorsión puede ser no solo es una medida de justicia, sino también una estrategia de seguridad pública indispensable para la protección de la ciudadanía y la restauración de la confianza en nuestras instituciones.
Quienes están a favor de la prisión preventiva oficiosa argumentan que es una medida necesaria para garantizar la seguridad de testigos y víctimas, así como del personal de fiscalías y juzgadores. Además, se considera que previene la posibilidad de que los acusados vuelvan a delinquir y es vital para la seguridad nacional en casos de crimen organizado
Sus críticos señalan que viola el derecho a la presunción de inocencia y la libertad personal, además de vulnerar la independencia judicial. Argumentan que es una sanción anticipada y desproporcionada que afecta principalmente a los más pobres, quienes no tienen acceso a una defensa adecuada. También se menciona el problema del hacinamiento en las cárceles como un impacto negativo de esta medida.
Sin embargo, es importante considerar el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos individuales. La discusión sobre la prisión preventiva oficiosa es compleja y debe tomar en cuenta el contexto legal, social y los estándares internacionales de derechos humanos.
La propuesta de prisión preventiva para los acusados de extorsión puede ser una medida vital para contener y reducir este delito, sin embargo, siempre quedará en entredicho las posibles violaciones a las garantías individuales y a la presunción de inocencia. ¿Usted qué opina?
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