Veracruz | 2022-11-15
Para impedir que la expresidenta de la mesa directiva del Congreso local, Cecilia Guevara, sustituya en la presidencia de la Comisión de Vigilancia al joven diputado local de San Andrés Tuxtla, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, los detractores de la legisladora morenista de Poza Rica argumentan que no sería conveniente su designación porque supuestamente incurriría en un conflicto de interés ya que su hijo, Fernando Elías Guevara, es subsecretario de Infraestructura de la SIOP, una dependencia estatal que ha recibido varias observaciones en las cuentas públicas de los últimos tres ejercicios fiscales por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), el ente autónomo que debe reportar directamente a dicha comisión legislativa los resultados de sus auditorías y proceder penalmente contra los funcionarios o exservidores públicos municipales o estatales que se presuman responsables del daño patrimonial al erario.
Sin embargo, el de la diputada Guevara no es el único caso controvertido, pues existen otros legisladores de Morena y de partidos de oposición que también forman parte de la Comisión de Vigilancia, algunos de los cuales son exalcaldes o tienen estrechos vínculos familiares con exmunícipes o ediles actualmente en funciones cuyas administraciones tendrían cuentas pendientes con el ORFIS, por lo que sostienen que ello no sería problema ya que si acaso se diera algún tipo de conflicto de interés simplemente podrían disculparse de conocer y dar trámite a esos asuntos específicos.
Este tema viene a colación porque dentro de tres semanas habrá de elegirse al nuevo titular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado (PJE), y hasta ahora la candidata que presuntamente estarían perfilando de Palacio de Gobierno sería la magistrada Aillet García Cayetano.
Además de su cercanía con el gobernador Cuitláhuac García, a la hermana de la exdiputada federal de Morena y actual secretaria del Trabajo, Dorheny García, le favorecería la presunta decisión que por razón de género habría tomado el Ejecutivo estatal para que por tercera ocasión consecutiva el Poder Judicial sea encabezado por otra mujer, pues en diciembre de 2019 fue electa la extinta magistrada Sofía Martínez Huerta, y tras su destitución en abril de 2021 fue sustituida por Isabel Inés Romero Cruz, quien debió jubilarse desde hace siete meses al cumplir los 70 años de edad.
Sin embargo, hace tres años, casualmente Aillet saltó de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública a la magistratura al caérsele precisamente la Fiscalía Anticorrupción por el aparente conflicto de interés que le representaba ser la esposa del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, quien ha sido señalado reiteradamente de presuntos actos no muy honestos. ¿En caso de que el titular de la SIOP fuera denunciado y procesado penalmente, la magistrada García Cayetano se abstendría de presionar al juez de la causa para abogar por su cónyuge?
Por supuesto que el caso de Aillet resulta más complicado que el de la diputada Guevara, coincidentemente madre del subsecretario de la SIOP.
¿Será acaso el magistrado Esteban Martínez Vázquez, consejero de la Judicatura, el “caballo negro”?