Veracruz | 2021-07-25 | Francisco Blanco Calderón
Esta semana en La Jornada se denunció que: “Cientos de políticos, reporteros, activistas de derechos humanos, sindicalistas y ejecutivos de 50 países, incluido México, fueron objeto de espionaje por gobiernos que usaron el software Pegasus, de la empresa israelí NSO, entre ellos dos periodistas de La Jornada, según el Proyecto Pegasus, Forbiden Stories, una investigación internacional fue realizada en colaboración con 17 medios, incluyendo The Economist, Proceso, Aristegui Noticias, The Guardian, Le Monde, El País, The Washington Post, OCCRP, entre otros”.
El Ciberespionaje es el acto de observar ilegalmente, a través del historial de navegación, video cámaras, correos electrónicos, redes sociales, entre otros, con el objetivo de obtener la mayor cantidad de información posible de los usuarios, vía hackeo y virus, con la intensión de usurpar, robar o suplantar la identidad del usuario.
“La compañía israelita NSO otorga licencias de uso de su programa de computación nombrado Pegasus a una multitud de gobiernos para combatir el crimen organizado y terrorismo y de esta manera poder interceptar todas las comunicaciones de teléfonos celulares de manera remota, al igual que interceptar correos electrónicos, contactos, textos, incluyendo WhatsApp, nuevos o viejos, textos encriptados o no. El programa Pegasus localiza, escucha y graba la conversación de cualquier teléfono celular en cualquier lugar del planeta volviéndose tan público como si pusiéramos un anuncio en las calles” (BBC).
Noam Chomsky expuso que “el espionaje, Estados Unidos-Israel, es una prueba de que los gobiernos pueden aliarse con las grandes corporaciones para usar la red contra los ciudadanos. En conturbenio para el sometimiento del mercado global: Empresas-gobiernos-medios, con estos dos países al frente”. (Le Monde).
El The New York Times señaló al gobierno mexicano, su compra y uso de spyware altamente sofisticado para celular —vendido y autorizado para uso exclusivo contra terroristas y organizaciones criminales— contra periodistas, activistas de derechos humanos y abogados, así como otros ciudadanos que el gobierno percibe como adversarios, inclusive quienes promuevan la legislación anticorrupción. El diario enfatizó que este es el suceso más reciente de una larga serie de actos criminales, corrupción y negligencia oficial durante la presidencia de Peña Nieto, pero se dá desde Felipe Calderón, del 2011 al 2018. ¿Dos gobiernos neoliberales entrelazados por la corrupción? pero las evidencias que expuso Univisión demuestran que data desde mucho antes: “García Luna y los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, quienes se han dedicado a la comercialización de equipos y tecnología de seguridad israelí en América Latina. Los Weinberg –cuya relación con García Luna se remonta a la década de los 1980, cuando el funcionario trabajaba en el CISEN– vendieron el programa NiceTrack a la Secretaría de Seguridad Pública en 2008, a través de la empresa Nunvav”.
“La plataforma Pegasus, en su momento el más avanzado software de espionaje en el mundo, fue adquirido originalmente por el gobierno de Felipe Calderón para ser ejecutado por la inteligencia militar y las operaciones contra el narcotráfico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los contratos, de los cuales Contralínea posee copia, fueron firmados entre 2011 y 2012 por más de 6 mil millones de pesos”. (Zósimo Camacho.Contralinea).
La licencia del programa de espionaje Pegasus no se rennovó y se canceló por la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ya que la licencia venció a fines del 2017.
Santiago Nieto (UIF) describió que alrededor de los contratos que firmó Tomas Zerón -hoy escondido en Israel, pues pesa sobre él una orden de extradición de la autoridad mexicana con la empresa israelí NSO, se desplegó una amplia operación financiera, cuyos pagos se realizaron con recursos del gobierno mexicano, recalaron en cuentas de esa corporación en Israel, Italia y Estados Unidos. Así participaron empresas fachada como KBH Track, y Balam Seguridad, y detrás de ellas Proyectos y Diseños MCE, Grupo Comercial Micra, Constructora del Centro Bajío y Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos. (La Mañanera).
En México el espionaje político es como la tortura policiaca y la corrupción gubernamental: siempre han existido, pero siempre niegan todo, tanto los mustios del PAN como los ladinos del PRI, ambos delincuentes ipso-facto.
En sintesis, el espionaje a estos niveles involucra los grandes intereses de las coorporaciones trasnacionales, de gobiernos temerosos de perder sus altos niveles de corrupción y sobre todo a medios de comunicación al servicio de ambos. Nada que ver con preservar la seguridad nacional ni el ficticio combate al crimen organizado. Es espiar a políticos, periodistas, luchadores sociales progresistas para impedir un cambio de régimen y evitar que desaparescan privilegios, contratos, canongias, evasiones fiscales y sobre todo el saqueo criminal de bienes de la nación.
PUNTO FINAL
“The Economist compara a AMLO con Cantinflas por la pregunta de la consulta del 1º de agosto: Pudo haber sido ideada por Cantinflas, dice…, pero la pregunta no la definió AMLO, sino la Suprema Corte de Justicia… ese Claudio X. González ni para dictar una mentira sirve”. (Enrique Galván Ochoa. Dinero La Jornada).