Veracruz | 2020-09-25 | Raymundo Jiménez
Desde hace casi seis meses, a raíz del homicidio de la periodista María Elena Ferral Hernández –ejecutada a finales de marzo en Papantla–, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) supieron del despojo de ranchos y terrenos que en la región del Totonacapan venían realizando miembros del crimen organizado en contubernio con notarios públicos de esa circunscripción.
Y es que el 6 de abril, al comparecer ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos Contra la Libertad de Expresión en calidad de “testigo” por el crimen de la comunicadora, Pedro Manuel Martínez Castillo, delegado de la Fuerza Civil de la cuarta región con sede en Papantla, refirió precisamente que en una ocasión Ferral lo llevó a Tecolutla con una persona a la que le quitaron su propiedad. “Nos dijo ese rancho era mío pero un abogado junto a un Notario me lo quitó y nos tienen amenazados, pero es la forma de operar en aquella zona, falsifican papeles con un Notario y se quedan con los ranchos”, declaró el jefe policiaco.
Sin embargo, hasta la fecha nadie ha procedido contra los delincuentes ni ha investigado a estos fedatarios que se han prestado a legalizar ilícitamente ese tipo de despojos, no obstante que la fiscal Verónica Hernández Giadáns; el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, de quien depende directamente la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, participan casi todas las mañanas en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que preside el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Resulta inexplicable la pasividad de las autoridades estatales ante estas prácticas delictivas que tienden a proliferarse dados los megaproyectos de inversión que el gobierno federal desarrolla principalmente en el norte y sur de Veracruz.
Este lunes, un diario capitalino, al resaltar el aumento de la plusvalía de las áreas que circundan la zona portuaria de Tuxpan –puerto estratégico para la economía nacional, pues por él ingresa el 80 por ciento de las importaciones de gasolina y diésel para el abastecimiento industrial y comercial del Valle de México, la metrópoli más poblada de Latinoamérica–, refirió que
una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, coludida con la policía local, ha realizado al menos cinco secuestros de propietarios de ranchos y predios, entre los cuales, el más reciente, figura el caso de la hija del exalcalde de Tihuatlán, Francisco Ortiz, quien terminó pagando el rescate con terrenos del área.
“Los dueños están siendo obligados a ceder las propiedades al grupo mafioso, incluso ante notarios del puerto, para luego ofertarlas a las grandes empresas con necesidades de expansión, inmobiliarias y otros particulares. El valor de los terrenos se está elevando significativamente ya que se encuentran en zona considerada como reserva para el crecimiento estratégico del recinto”, publicó Julio Brito, articulista de Crónica.