Veracruz | 2020-10-22 | Raymundo Jiménez
Algunos líderes de Morena, como el coordinador de los diputados locales, Juan Javier Gómez Cazarín, se preguntan “qué hemos dejado de hacer nosotros los morenos” para que “partidos corruptos vuelvan a estar regresando”, en referencia al triunfo “abrumador” del PRI en los comicios de Hidalgo y Coahuila.
La respuesta es obvia: el electorado, que hace apenas un par de años votó abrumadoramente por un proyecto de gobierno que ofrecía erradicar la corrupción, abatir la inseguridad y mejorar la economía, no percibe hasta el momento ninguna mejoría y tampoco un cambio real.
Si en los comicios locales y federales de 2021 Morena no quiere volver a ser avasallada por la oposición “corrupta”, sus gobernantes y líderes deberán pasar del discurso a los hechos, para que los electores no los sigan igualando o colocándolos en un nivel peor que los del PRI y PAN.
Este miércoles, por ejemplo, se dieron dos hechos en la conferencia de prensa del presidente López Obrador que nos siguen remitiendo a las mismas prácticas de la anticuada cultura priista, cuyos gobernantes solían premiar la ineptitud y solapar la impunidad.
Por un lado, Alfonso Durazo anunció que el de ese día sería su último informe como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) porque se va para contender el año próximo por la gubernatura de Sonora, su entidad natal que actualmente se disputan el cártel de Rafael Caro Quintero con el de los hijos de “El Chapo” Guzmán.
¿Los sonorenses le darán el voto de confianza? La pregunta es obligada porque en los 22 meses que Durazo estuvo al frente de la SSPC se registraron oficialmente 65 mil 549 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en el país, 9.8% más de los 59 mil 112 asesinatos ocurridos en el mismo periodo del último tramo de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
Por otro lado, en la misma conferencia mañanera, en un intento por confrontar a quienes se oponen a la desaparición de 109 fideicomisos, correspondió al director general del Canal 11 de Televisión, José Antonio Álvarez Lima, exponer el caso del fideicomiso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe organizados en Veracruz en 2014, para los que la Federación aportó 1,873 millones de pesos, el 96 por ciento del total, mientras que el gobierno de Javier Duarte sólo dio el 4%, esto es, 80 millones de pesos.
Álvarez Lima detalló que los fondos federales y los estatales se concentraron “en un fondo que popularmente se le llamó la ‘licuadora’, donde y se dispuso de ellos de manera arbitraria y discrecional”, desconociéndose el uso final de 867 millones de pesos, el 44%, ya que no existe ninguna documentación.
Este caso data de hace seis años, y ni los gobiernos del PRI y PAN sancionaron a los responsables. ¿Morena ahora sí procederá o los encubrirá como a los exfuncionarios yunistas implicados en el mega fraude de las 6 mil 476 cámaras de video vigilancia?