Veracruz | 2023-07-19
Que vivimos en un sistema patriarcal es algo obvio e indiscutible. ¿Están de acuerdo? Pero lo que algunas personas no acaban de entender es que es necesario legislar y hacer política desde el punto de vista de la discriminación positiva. Y es que no es lo mismo la igualdad que la equidad.
De hecho, existen leyes, políticas, ayudas sociales, entre otras, igualitarias que, sin embargo, no son equitativas, porque la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en ocasiones, sigue dejándolas a ellas en desventaja o situación de riesgo, y es algo que nos afecta al conjunto de la sociedad, sin excepciones.
Según el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas tienen los mismos derechos y libertades, sin hacer distinción por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Lo mismo indica el primer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones que esta Constitución establece.”.
Además, el artículo 3 del pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) señala que los firmantes se comprometen a garantizar que hombres y mujeres gocen por igual de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales relatados en el documento.
Para que esto se pueda llevar a cabo, no es suficiente con dictar leyes y normas igualitarias, sino que al redactarlas, es necesario tener en cuenta la desigualdad económica, social, cultural y biológica existente entre hombres y mujeres para poder superarla y no seguir perpetuando un estado que relega a la mujer a un segundo plano.
En México no existe la discriminación directa por razón de género a nivel legislativo, no obstante, sigue existiendo a nivel cultural y social, en el mercado laboral y en el ámbito familiar, por nombrar algunos. Se produce cuando hay una clara diferencia en el trato que recibe una mujer con respecto al que recibe un hombre en las mismas circunstancias.
La discriminación indirecta por razón de género es algo que aún está lejos de erradicarse en nuestro país, ya que es más difícil de detectar y el conjunto de la sociedad -Estado, votantes, profesionales de justicia, clase política- no ha tomado conciencia de su existencia.
Se da cuando la ley, norma o medida política, aun no teniendo apariencia discriminatoria, si produce una diferencia entre géneros a la hora de aplicarla. Por ejemplo, sucede cuando se elabora una ley sin tener en cuenta la situación de desventaja, por causas económicas, sociales, culturales o biológicas, de la que parten las mujeres con respecto a la de los hombres.
Por lo tanto, el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres es deficiente y no garantiza una verdadera equidad. Es necesario, vital e incluso urgente que la Justicia y la clase política tengan esto en cuenta a la hora de tomar decisiones y de comportarnos en el trabajo, en nuestro círculo social, familiar y en cualquier otro ámbito de nuestra vida.
Según el informe de Equal Measures 2030, ningún país en el mundo alcanzará la igualdad de género en el 2030, más de 1.400 millones de mujeres viven en zonas que no logran la mínima equidad. En 2015 líderes de 165 países del mundo situaron a las niñas y a las mujeres como el foco principal de los objetivos para un desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, prometiendo cambios importantes.
A menos de una década del periodo fijado, ningún país se sitúa en lo que denominan “la milla final” para lograrlo. Ningún país la tendrá ¡ni siquiera Dinamarca! que es el país más progresivo en materia de igualdad de género en el mundo.
En un análisis general de los países que más alto puntúan, el informe se detiene en señalar que queda camino especialmente en los ámbitos del cambio climático, la inversión en servicios públicos, la paridad en los puestos de poder y decisión, la brecha salarial y la violencia machista.
Ninguno de los 21 países analizados en América Latina y el Caribe -México entre ellos- alcanzará las metas de igualdad de género para el 2030 si se continúa al ritmo actual.
Entre las que nos interesa mencionar por ahora:
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo; Emprender reformas que otorguen el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia, los recursos naturales, de conformidad con leyes nacionales; Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles; Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país; Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública.
México es Estado Parte de los principales instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belem Do Pará”, ratificada en 1998, La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ratificada en 1981, los cuales han marcado la pauta para la elaboración de las políticas públicas nacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como la implementación de diversas leyes que integran el marco jurídico para enfrentar el fenómeno de la discriminación y la violencia de género.
Que nuestra sociedad haya alcanzado a nivel legislativo la igualdad de derechos entre mujeres y hombres es un enorme logro, pero no es suficiente, debemos seguir avanzando para conseguir una sociedad en la que todas y todos tengamos en la práctica y no solo en el papel, las mismas oportunidades, la misma libertad y los mismos privilegios.