Veracruz | 2022-11-04
En su más reciente Informe sobre la Riqueza Mundial, Credit Suisse –una empresa de servicios financieros con sede principal en Zúrich, Suiza– reveló que en México hay 318 mil personas con un patrimonio que supera el millón de dólares, es decir, que son considerados millonarios, lo que representa apenas 0.36 por ciento de la población adulta.
Seguramente esa cifra de riquillos ya aumentó. Tan solo en Veracruz algunos funcionarios abusivos han amasado inexplicables fortunas en los últimos tres años, pues el primero fue de aprendizaje.
Los escándalos reventarán en cuanto abandonen sus cargos para buscar fuero legislativo en las próximas elecciones como candidatos a las diputaciones locales y federales o al Senado de la República.
Uno de los primeros ejemplos es el del regiomontano Hugo Gutiérrez Maldonado, que en cuanto salió por la puerta trasera de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) comenzaron a filtrarse a los medios de comunicación algunos de sus jugosos negocios, pero faltan otros más, entre ellos el de las concesiones del servicio de grúas.
Ayer trascendieron los primeros dos “contratos abiertos” que por más de 700 millones de pesos asignó directamente en 2020 y 2021 a un par de empresas proveedoras de alimentos, víveres, tortillas, agua purificada y platos, vasos y cubiertos desechables para personas privadas de su libertad (Ceresos y CIEPA), así como para el personal operativo de las áreas que componen la SSP.
El 28 de febrero de 2020 la beneficiaria con el contrato SSP-UA-016-20 fue la empresa “HC Alimentos S.A. de C.V.”, con un monto superior a los 352 millones de pesos, de los cuales 178 millones fueron para la Academia de Policía y “cocinas móviles”; 153 millones para la población interna de reclusorios, y 5 millones en utensilios como platos, vasos y cubiertos desechables.
Y, al año siguiente, la proveedora favorecida fue “Administradora de Empresas del Golfo, SA de CV”, que recibió el contrato SSP-UA-026-21 por un total de 353 millones de pesos, desglosados de la siguiente manera: 197 millones para alimentar a policías; 129 millones para reclusos, 8 millones en agua purificada y 18 millones de pesos en utensilios desechables, o sea 13 millones de pesos más que en 2020.
Gutiérrez Maldonado no es el único. Otro secretario que estaría en el ojo del huracán es el de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, a quien el columnista Iván Calderón implica en el cobro de moches a asociaciones civiles que reciben recursos institucionales, mencionando expresamente a Somos + Decididos A.C., Reforestando Cuencas A.C. y Progreso Veracruzano Ecológico y Cultural A.C.
Según el periodista oriundo de Los Tuxtlas, Contreras Bautista habría armado toda una maquinaria para el presunto cobro de dádivas en efectivo o en favores, mencionando por sus nombres a cinco funcionarios que ocupan puestos estratégicos en la SEDEMA.
Algunos alcaldes se quejan en privado que altos funcionarios de Palacio de Gobierno y miembros del Poder Legislativo les imponen a constructores y despachos de auditores para la ejecución de obras y la prestación de servicios de fiscalización.
Obviamente, ruegan a Dios que en 2024 pierdan la gubernatura.