Veracruz | 2024-12-10
Hace más de dos años, ante las reiteradas quejas de diversos sectores de la sociedad e inclusive de algunos de sus propios correligionarios –entre ellos los entonces diputados locales morenistas Magdaleno Rosales Torres, de Medellín de Bravo; Eusebia Cortés Pérez, de Coatzacoalcos, y hasta el líder del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín–, por los cobros abusivos de los concesionarios de la empresas privadas de grúas al servicio de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado, el gobernador Cuitláhuac García tuvo que ordenarle al todavía secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, y al titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, regularizar este negociazo de influyentes empresarios que fueron solapados por las últimas dos administraciones anteriores del PRI y PAN, y que inexplicablemente continuó en la primera administración estatal de Morena.
El 30 de agosto de 2022, el jefe policiaco publicó en Twitter: "En seguimiento a las acciones implementadas para regularizar los servicios de grúas y depósitos de vehículos en la entidad, esta noche sostuvimos una reunión de trabajo con el Gobernador @CuitlahuacGJ.
"Acompañado de los directores generales de Tránsito y Transporte del Estado, así como los titulares de las áreas Jurídica y Administrativa de la SSP, presentamos los avances de lo que será la iniciativa de reforma a las Leyes y Código de Derechos. Así como la expedición del Reglamento de Arrastre, Salvamento y Depósito de Vehículos para el Estado.
"En la @SP_Veracruz continuamos trabajando para garantizar certeza jurídica en materia de transporte y seguridad vial", finalizó su tuit.
Cuatro días antes de esta reunión con el gobernador, Gutiérrez Maldonado había declarado a la reportera Claudia Montero, del portal alcalorpolitico.com, que en Veracruz no existía una reglamentación para concesionarios de grúas, por lo que cobraban cifras que llegaban hasta los 100 mil pesos, en caso de vehículos de transporte de carga por un arrastre, y 350 mil pesos por autos accidentados.
Y afirmó que con el reglamento para grúas que estaba por entrar en vigor en el estado, serían regulados los costos de los servicios, por lo que un arrastre bajaría su tarifa hasta en 90 o 95 por ciento.
"El que le quiera entrar que le entre y, si no, que se vayan", expresó el funcionario, quien reconoció que las grúas cobran lo que quieren porque no tienen una tarifa específica que tengan que respetar, de manera que cometen abusos en contra de los usuarios.
Y aunque en diciembre de 2018, cuando tomó posesión de la SSP, Gutiérrez Maldonado presumió hasta un doctorado en Derecho que la revista Proceso desmintió, cuatro años después el secretario nativo de Nuevo León declaró que Veracruz contaría "con una base jurídica para dar de baja a los concesionarios que incurran en cobros excesivos por sus servicios y ya se podrá contestar a los jueces de distrito con un reglamento específico que determine la causa del por qué se decide retirar la concesión", pues refirió que "actualmente, como no había una ley de grúas, se amparaban y ganaban, pero ya se acabó".
Pero dos meses después, en octubre de 2022, el regiomontano renunció sorpresivamente y el reglamento jamás se presentó al Congreso local.
Anteayer, la gobernadora Rocío Nahle le puso fin a este abusivo negocio de particulares. Lo que Cuitláhuac jamás se atrevió a hacer. Debería dar explicaciones.